Ismael Díaz
Investigador de ILSA
El desarrollo rural constituye un tema de análisis y reflexión sobre la importancia estratégica del campo para la transformación estructural de la realidad rural en lo económico, social y ambiental. Con ocasión del Día Mundial del Desarrollo Rural, continuamos leyendo el desarrollo rural y revisando la necesidad de promover políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades locales, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social y de esta manera, contribuir a la construcción de un nuevo campo colombiano.
En nuestro país, el desarrollo rural ha estado históricamente condicionado por una estructura agraria caracterizada por una alta concentración de la propiedad rural, profundas desigualdades sociales y una limitada presencia institucional en amplias zonas del territorio nacional. Estas condiciones han contribuido a la persistencia de fenómenos de pobreza rural; a la exclusión de la vida económica, política y social de amplios territorios del país; a la inequidad e insuficiencia del acceso a la tierra por parte de la población campesina; a la existencia de conflictos socioambientales; y a la continuidad de las afectaciones y violaciones a los derechos asociadas al conflicto armado.
Tradicionalmente, las políticas rurales en el país estuvieron orientadas al fortalecimiento de la productividad agropecuaria y al crecimiento económico del sector agrícola. Sin embargo, este enfoque favoreció principalmente a los grandes productores y a las actividades agroindustriales, mientras que amplios sectores del campesinado continuaron enfrentando dificultades para acceder a tierras, crédito, asistencia técnica, infraestructura y mercados (Fajardo, 2014).
La marginalidad del campesinado colombiano constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo rural. A pesar de su importante contribución a la producción de alimentos y al abastecimiento de los mercados internos, las familias campesinas han experimentado históricamente condiciones de exclusión y de vulnerabilidad económica y social. Esta situación se expresa en menores niveles de ingreso, limitaciones en el acceso a servicios públicos, educación, salud y oportunidades de desarrollo productivo, en comparación con la población urbana (PNUD, 2011).
La larga historia del conflicto armado interno ha tenido un impacto significativo sobre las comunidades rurales, pero de igual forma, las condiciones del campo han sido causa del conflicto, tal como quedó expresado en el Acuerdo Final de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Así, por ejemplo, Colombia tiene uno de los mayores índices Gini de concentración de la tierra (0,87) en el mundo, de acuerdo con el informe de desarrollo humano rural (PNUD, 2011); durante décadas, millones de campesinos fueron víctimas del conflicto armado: de los 10.606.125 millones de hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas, 4.827.550 millones afectaron a campesinos o campesinas. Es decir, al menos el 45,5 % de las violaciones de derechos humanos que se han registrado en esta base de datos victimizaron al campesinado (CEV, 2002, p. 40); el desplazamiento forzado, despojo de tierras y diversas formas de violencia, profundizó las brechas territoriales y limitó las posibilidades de desarrollo de numerosas regiones del país (CNMH, 2013), generando lo que para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue una verdadera “contrarreforma agraria violenta” (CEV, 2022, p. 147) o lo que en algunos territorios fue, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, una “reforma agraria paramilitar” (JEP, 2025, p. 91). En este contexto, insistimos, la cuestión agraria ha sido uno de los factores estructurales asociados a la persistencia del conflicto y que no ha encontrado una solución adecuada en diferentes momentos históricos donde se han intentado reformas agrarias frustradas, como aquellas dadas bajo la ley de ejidos, la Ley 200 de 1936, la ley 165 de 1961 o la Ley 160 de 1994.
Hay que decir que el último hito fundamental para resolver la cuestión agraria en Colombia, fue la inclusión de la Reforma Rural Integral en el Acuerdo de Paz de 2016, la cual plantea la necesidad de transformar las condiciones estructurales del campo colombiano mediante el acceso equitativo a la tierra (3 millones de hectáreas son la meta) y a su formalización (7 millones de hectáreas) para campesinos y campesinas pobres; adicionalmente este esfuerzo incluyó los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como una manera de integrar a los niveles mínimos de bienestar social, a los 16 territorios (conformados por 170 municipios) más afectados por la guerra, mediante la construcción de vías terciarias, escuelas, asistencia técnica, centros de salud, electrificación rural, conectividad, facilidades crediticias, y el apoyo a la sustitución de cultivos de uso ilícito y a la comercialización de la producción campesina. Ahora bien, aunque se prioriza la ejecución de la RRI en unos territorios, ésta es de aplicación universal, por lo que se proponen Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que garanticen derechos económicos y sociales en el campo colombiano y garantías para una reforma agraria efectiva. Cada uno de estos componentes se concibieron para superar las brechas de desarrollo existente entre pobladores del campo y la ciudad, pero pasada una década de la implementación del Acuerdo de Paz, los resultados de la Reforma Rural Integral, en su conjunto, escasamente llegan al 55,35% según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, SIIPO.
Finalmente, con el Acto Legislativo 01 de 2023 promulgado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se debe transformar radicalmente el concepto de desarrollo rural en Colombia, al modificarse el artículo 64 de la Constitución Política, para reconocerse al campesinado como sujeto de derechos de especial protección constitucional. Desde esta perspectiva, el desarrollo rural no se limita al incremento de la productividad, sino que implica la construcción de condiciones necesarias que garanticen la dignidad, los derechos, la participación y el bienestar de las comunidades campesinas. Es así como el campesinado es y debe ser entendido, no solo como un actor económico, sino también como un sujeto social, ambiental y cultural que desempeña un papel fundamental en la soberanía alimentaria del país, y en el cuidado de los páramos, las ciénagas, los manglares, las fuentes hídricas, las selvas y los bosques bajo una perspectiva de sustentabilidad.
En consecuencia, la consolidación de un modelo de desarrollo rural inclusivo en Colombia requiere avanzar en la reducción de las desigualdades históricas que han afectado al campesinado, fortalecer la institucionalidad rural y promover políticas públicas con enfoque afirmativo, orientadas a la garantía de sus derechos, a la justicia social, a la sostenibilidad ambiental y al reconocimiento de la diversidad territorial y cultural del país. Sin embargo el desarrollo en el campo no es posible si no se reconocen e implementan las propuestas de ordenamiento endógeno del territorio, planteadas por los y las comunidades y las organizaciones campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina ( ZRC), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), los Territorios Acuáticos Agroalimentarios y las Reservas de la Sociedad Civil, entre otras figuras nacidas de la resistencia campesina, que requieren ser escuchadas. La construcción del buen vivir hoy en Colombia, requiere que los planes de vida de las diferentes territorialidades campesinas sean financiados con políticas públicas afirmativas.
Fuentes consultadas
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerra. Bogotá: CEV.
Fajardo, D. (2014). Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010. Bogotá: Editorial ILSA.
Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (JEP-SRVR). (2025). Auto No. 09 de 2025 (noviembre 28). Caso 04. Situación territorial de la región de Urabá. Asunto: Auto de determinación de los hechos y las conductas (ADHC) atribuibles a 21 miembros retirados de la fuerza pública, a ocho exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP y a cinco terceros civiles, con ocasión de lo ocurrido en los territorios priorizados de la región del Urabá antioqueño y Cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano, durante los años 1986 a 2002.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Colombia rural: Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: PNUD.
