Ismael Díaz
Investigador de ILSA
El desarrollo rural constituye un tema de reflexión sobre la importancia estratégica de los territorios rurales para el desarrollo económico, social y ambiental de las naciones. Mediante la Resolución A/RES/78/326 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 6 de septiembre de 2024, se proclamó el 6 de julio como el Día Mundial del Desarrollo Rural. Esta conmemoración permite reconocer el aporte de las comunidades rurales a la seguridad y soberanía alimentarias, al cuidado de la naturaleza y a la preservación del patrimonio cultural, al tiempo que pone de relieve los desafíos asociados a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que aún persisten en amplias zonas rurales del mundo (FAO, 2018).
El concepto de desarrollo rural ha experimentado una evolución significativa durante las últimas décadas. Inicialmente, podemos decir que en las décadas de 1950 y 1960 se buscó el aumento de la producción agrícola acudiendo a la mecanización, el uso de fertilizantes sintéticos, semillas mejoradas y sistemas de riego, a lo que se llamó enfoque productivista centrada en el incremento de la productividad agrícola como principal motor del desarrollo.
Luego en las décadas de 1960 y 1970 se promovió la llamada revolución verde que privilegió la modernización tecnológica, la mecanización, el control sobre las semillas y la integración de los grandes productores agropecuarios a los mercados, como instrumentos principales para mejorar las condiciones de vida de la población rural, en una propuesta que terminó beneficiando principalmente a grandes empresarios del agro (Ellis & Biggs, 2001) y configurando el capitalismo agrario actual. A pesar del aumento de la producción, este enfoque generó una serie de desigualdades sociales y ambientales como el acaparamiento de tierras y la creación de latifundios, la tala indiscriminada de bosques, el uso intensivo de nuevas tecnologías y agro insumos, y la exclusión del campesinado. El enfoque de la revolución verde redujo el problema del desarrollo rural a la productividad de las tierras, mediante el uso intensivo de tecnologías y agroinsumos para monocultivos orientados al mercado mundial, sin mayores consideraciones a los límites ambientales, al bienestar de las poblaciones rurales, a sus derechos específicos, y guardando un silencio absoluto frente al tema de la reforma agraria.
No obstante, las limitaciones de esta perspectiva dieron lugar a nuevos enfoques más integrales que reconocen la complejidad de los territorios rurales. Desde esta visión, el desarrollo rural es entendido como un proceso multidimensional que involucra aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales y ambientales. En consecuencia, el bienestar de las comunidades rurales depende no solo del crecimiento económico, sino también del acceso a educación, salud, infraestructura, participación social y fortalecimiento institucional (FAO, 2018). Estas perspectivas se acercan más a la idea de la seguridad humana de las poblaciones rurales, trabajada por el PNUD desde 1990, y que se fundamenta en que el desarrollo es el resultado de la satisfacción integral de los derechos individuales y sociales por parte de los Estados, tal como lo dispuso la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986.
En este marco surge el enfoque territorial del desarrollo rural, ampliamente difundido en América Latina. Este paradigma concibe el territorio como una construcción social donde interactúan diversos actores, recursos y actividades económicas. Según Schejtman y Berdegué (2004), el desarrollo territorial rural busca transformar los sistemas productivos y las relaciones sociales presentes en los territorios con el fin de reducir la pobreza y promover procesos de inclusión económica, social, ambiental y cultural.
Desde esta perspectiva, el desarrollo rural no depende exclusivamente de la agricultura, sino también de la articulación entre sectores productivos, instituciones, políticas públicas y las decisiones de las organizaciones comunitarias, para lograr niveles de bienestar en las poblaciones campesinas, a sabiendas que de su trabajo depende en buena parte el bienestar del resto de la sociedad.
De manera complementaria, la noción de desarrollo sostenible ha adquirido una relevancia creciente en los estudios rurales contemporáneos. Este planteamiento aborda la necesidad de armonizar el crecimiento económico con la equidad social y la protección ambiental, garantizando la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). En consecuencia, el desarrollo rural sostenible promueve la gestión responsable y cuidado de la naturaleza y la resiliencia frente al cambio climático.
Lo anterior puede también precisarse exponiendo que la cuestión agraria hoy, reformulada, debe invocar la cuestión ecológica, la cual, como plantea McMichael (2016, pp. 97 y ss.), “no se refiere simplemente a la degradación y/o restauración de los ecosistemas”, sino también a temas de ecología humana y de biología de las poblaciones. Estos temas, señala el profesor de la Universidad de Cornell, enfatizan en las consecuencias de la agroindustria y el despojo, reivindican las apuestas de los movimientos por la soberanía alimentaria y la lucha por la tierra y las conectan con las cuestiones ecológicas sobre la reparación de la brecha metabólica (McMichael, 2016, p. 98)
Por otra parte, algunas corrientes enfatizan la importancia de la inclusión social y la participación de actores históricamente marginados, como mujeres rurales, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Estas perspectivas destacan que la equidad de género, la gobernanza participativa y el fortalecimiento del “capital social” son condiciones fundamentales para alcanzar procesos de desarrollo más democráticos y sostenibles (Berdegué & Favareto, 2019).
Ahora bien, el desarrollo rural en el siglo XXI enfrenta una serie de retos relacionados con lograr mejores condiciones de vida sostenibles en el largo plazo y restaurar la producción de alimentos como un accionar socioecológico, para lo cual se requiere políticas públicas con un enfoque de medidas afirmativas para los pobladores del campo. Entre los desafíos más importantes que atañen tanto a políticas de Estado, así como a la corresponsabilidad de los ciudadanos/as, se encuentran entre otras las siguientes estrategias:
Estrategias para reversar los efectos negativos del cambio climático y la variabilidad climática como: las sequías, inundaciones y fenómenos extremos que afectan la producción agrícola y la garantía del derecho a la alimentación para una población que se encuentra en un constante aumento; y garantizar ingresos justos a las familias rurales, que impidan la degradación ambiental.
Exigencia y garantía de políticas públicas con enfoque de derechos: salud oportuna y accesible; pensiones y seguridad social; educación gratuita y de calidad incluyendo maestrías y doctorados, recreación, infraestructura vial, compras públicas, entrega de tierras productivas; acceso a tecnologías, internet, servicios públicos y crédito barato; todo ello para evitar la migración de la juventud rural a los centros urbanos, y el envejecimiento de la población rural y la escasez de la mano de obra agrícola.
Apoyo estatal a la gobernanza del territorio propuesto por las comunidades rurales: promoviendo una participación incidente y vinculante de las comunidades rurales, a la hora de la formulación y presupuestación de las políticas agrarias, y una distribución equitativa de los recursos y oportunidades al acceso a técnicas innovadoras, de riego y semillas mejoradas desde el enfoque agro regenerativos
Promover campañas de conservación ambiental: para proteger los suelos, los bosques, el agua y la biodiversidad, mediante prácticas agrícolas sostenibles y el cuidado de la naturaleza.
A estas compresiones, hay que agregar el paradigma del buen-vivir construido, con diferentes matices, desde las visiones ancestrales indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe. El paradigma del buen vivir (o sumak kawsay en quechua) que ha sido introducido como principio constitucional en Bolivia y Ecuador, cuestiona la idea de progreso infinito y riqueza material como bases de construcción del bienestar social. En su lugar, propone vivir en armonía con la naturaleza (la Madre Tierra) y en sinergia con la idea de comunidad, lo que conlleva nociones de igualdad social, cuidado y sustentabilidad de los bienes comunes (Torres-Solis & Ramírez-Valverde, 2019).
Por lo mismo, la perspectiva del buen vivir plantea un cambio en las visiones tradicionales sobre el desarrollo y bienestar rural construidas por la modernidad occidental capitalista. Por un lado, parte de un giro biocéntrico, en la concepción de la economía y de la construcción de lo social, que toma consciencia de que la naturaleza no es un recurso para explotar por el ser humano, sino que los seres humanos somos parte de ésta, y lo que le pase a la naturaleza determina el destino de la humanidad, de ahí que no se pueda abusar del planeta y que es necesario reconocer que los ecosistemas nos imponen límites. Una segunda enseñanza del buen vivir es concebir a la naturaleza y a los ecosistemas desde su complejidad, como sistemas vivos y con derechos. Un tercer elemento conceptual de este paradigma es que el bienestar social se relaciona con la armonía comunitaria, que a su vez supone la igualdad en el acceso a bienes, servicios y oportunidades, y al respeto mutuo que debe existir entre los seres humanos partiendo de su diversidad. Y, finalmente, el buen vivir ha permitido avanzar en el concepto de una economía de la reciprocidad, que fomenta además del cuidado y del acceso equitativo a los bienes comunes y productivos, el intercambio justo, trabajo colaborativo (como la minga, los tequios, la mano vuelta, el convite, etc.), por encima del lucro individual y de la acumulación privada de la riqueza.
En síntesis, el desarrollo rural debe entenderse y proyectarse como un proceso integral y multidimensional que trasciende la producción agropecuaria. La conmemoración del Día del Desarrollo Rural debe constituir una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de promover políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades locales, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social y de esta manera, contribuir a la construcción de territorios más resilientes, equitativos y capaces de enfrentar los desafíos del desarrollo rural contemporáneo.
Fuentes consultadas
Berdegué, J. A., & Favareto, A. (2019). Desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (1987). Nuestro futuro común (Informe Brundtland). Nueva York: Naciones Unidas.
Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s–2000s. Development Policy Review, 19(4), 437–448.
FAO. (2018). Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Kay, C. (2009). Development strategies and rural development: Exploring synergies, eradicating poverty. Journal of Peasant Studies, 36(1), 103-137.
McMichael, P. (2016). Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias. Barcelona: Icaria.
Torres-Solis M. & Ramírez-Valverde B. (2019). Buen vivir y vivir bien: alternativas al desarrollo en Latinoamérica. En: Revista Latinoamericana de Estudios Sociales No. 69. CIALC. México.
