25 de mayo
Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto Armado en Colombia
María Eugenia Ramírez Brisneda
ILSA
Desde el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) honramos este 25 de mayo —Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto Armado en Colombia— la vida y el trabajo de las mujeres víctimas que siguen demandando verdad, justicia y reparación, , una deuda histórica que el país todavía no ha saldado. Esta fecha nació de un terrible acontecimiento: el 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya Lima fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, cuando realizaba un reportaje en la cárcel La Modelo de Bogotá. Catorce años después, el Decreto 1480 convirtió esa fecha en una medida de reparación simbólica, reforzada más tarde como orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que lo que le ocurrió a Jineth Bedoya no fue un hecho aislado, sino la expresión más documentada de crímenes sistemáticos, ejercidos por todos los actores del conflicto colombiano durante más de cinco décadas contra el cuerpo y la vida de las mujeres como botines de guerra.
Los datos construidos con enorme dificultad en un país donde el subregistro es parte del crimen hablan por sí solos. El Registro Único de Víctimas presenta 37.820 víctimas de violencia sexual desde el año 1985 hasta el 2023, de las cuales el 91% son mujeres y el 2% son personas LGBTIQA+. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad documentó en su informe final, Mi cuerpo es la Verdad, 32.446 actos contra la libertad e integridad sexual, contra mujeres y niñas que representan el 92% del total, y estableció que los paramilitares, las guerrillas y los agentes de la fuerza pública, todos los actores armados sin excepción, utilizaron la violencia sexual como instrumento y estrategia deliberada de dominación territorial y de sometimiento de las comunidades y de los cuerpos de las mujeres. Las afrodescendientes representan el 87% de las víctimas, las indígenas el 12,45%. Mientras tanto, en el año 2024, fuera del marco del conflicto armado, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 16.797 exámenes medico legales por presunto delito sexual, el 88% de las víctimas son mujeres; el SIVIGILA reportó 28.944 casos de violencia sexual solo hasta octubre de ese año; y el grupo más afectado, con el 41,86% de los casos, fueron las adolescentes entre los 12 y 17 años, seguidas de las niñas entre los 6 y los 11 años con el 21,37%.
Frente a esa magnitud, la respuesta del Estado ha sido históricamente la del subregistro cómplice, la revictimización institucional y la impunidad normalizada. Por más de cincuenta años, los crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado enfrentaron barreras sistemáticas para la denuncia y la investigación por la desconfianza en las instituciones que eran parte del aparato agresor, el miedo a la estigmatización y la ausencia de garantías de protección para las sobrevivientes. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrió en septiembre del año 2023 el Macrocaso 11, que investiga la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio cometida en el conflicto, y a septiembre del año 2025 había acreditado a 635 víctimas e identificado 62 comparecientes entre exintegrantes de las FARC-EP y los agentes de la fuerza pública. Es un avance que reconocemos, pero es también un espejo indignificante; el RUV tiene 37.820 víctimas registradas y el Caso 11 va en 635 acreditadas, y eso con décadas de subregistro por encima. La distancia entre ambas cifras nos demuestra el tamaño de la impunidad.
Esa impunidad no es el pasado: Colombia no ha salido del conflicto armado ya que los diferentes grupos armados organizados siguen operando en los territorios, siguen usando la violencia sexual como arma de control y despojo, siguen eligiendo los cuerpos de las mujeres negras, indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos y de las lideresas comunitarias como territorio de disputa. Y el Estado colombiano, que firmó un Acuerdo de Paz en el año 2016 con un enfoque de género reconocido internacionalmente, sigue sin garantizar la implementación plena de las medidas de protección, reparación y no repetición para las mujeres víctimas.
Colombia le debe a sus sobrevivientes algo más que una fecha. Le debe la verdad completa sobre los responsables que aún no han comparecido, incluidos los agentes del Estado que el Caso 11 ya está llamando a rendir cuentas. Le debe justicia sin prescripción, porque los crímenes de lesa humanidad no caducan, aunque el Estado haya tardado décadas en investigarlos. Le debe la reparación que no se mida en resoluciones administrativas sino en transformación real de los territorios y las vidas que el conflicto destruyó. Le debe garantías de no repetición en un país donde el conflicto mutó, pero no terminó, donde los grupos armados siguen eligiendo los mismos cuerpos, los mismos territorios, las mismas mujeres negras, indígenas, campesinas y defensoras como objetivo. Y le debe, sobre todo, que el Acuerdo Final de Paz del 2016, deje de ser un documento y se convierta en realidad para las mujeres que esperan.
Es por esto por lo que hoy, ILSA exige al Estado colombiano que cumpla, le pide a la sociedad que no normalice la impunidad y que todas las organizaciones y colectivos de derechos humanos, nos sumamos, sin vacilación, a las voces que resisten, a quienes llevan años sosteniendo que no es hora de callar, para que sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sea una realidad sin más dilación ni impunidad.
Porque ellas siguen esperando que la justicia llegue antes de que la vida se acabe
