Llamar la atención de los mecanismos de justicia transicional sobre la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la transformación de los territorios donde se ha desplegado la violencia y sobre el impacto del conflicto en los derechos sociales es el objetivo del documento de recomendaciones que recibió el pasado 19 de abril la Comisión de la Verdad de parte del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y el Movimiento por la Paz (MPDL).

En el texto se señala que existe una discrecionalidad política de la reparación de los derechos sociales y colectivos de las víctimas, lo que hace que se enfatice en los derechos civiles y políticos y se descuide la garantía de los primeros, afectados por la violencia directa ejercida por los actores armados, pero también por una violencia estructural, esto es, un abandono estatal, una privación y falta de goce efectivo de derechos como a la vivienda, el agua potable y el saneamiento, y la salud. Este tipo de situaciones se presentó en la región de los Montes de María, de la que el documento presenta cuatro fallos judiciales sobre afectaciones a los derechos sociales y colectivos como ejemplo de lo expuesto, los casos fueron: (i) Junta de Acción Comunal del barrio Los Ángeles del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar); (ii) comunidad afrodescendiente de La Suprema del municipio de María La Baja (Bolívar); (iii) comunidad de Paloaltico, de la vereda del corregimiento de San José del Playón del municipio de María La Baja (Bolívar); y, (iv) Asociación de mujeres del barrio Montecarlo del municipio de María La Baja (Bolívar).

Así, las organizaciones firmantes esperan que, en el marco del cumplimiento de los objetivos y el mandato de la Comisión de la Verdad, esta entidad pueda, con relación a las comunidades de las sentencias, instar a las autoridades correspondientes, del orden territorial y nacional, a que cumplan, sin más dilaciones, las órdenes judiciales orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna; también, que exhorte a las entidades accionadas del orden territorial, y a las entidades del orden nacional, para que adelanten las acciones correspondientes, en el marco de sus competencias y considerando los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, que garanticen sin más dilaciones los derechos al agua y al saneamiento, dando cumplimiento integral a las órdenes judiciales que así lo establecen; y, finalmente, llamar la atención a las entidades accionadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar para que cumplan con el amparo brindado a las comunidades y, en ese orden, garantice el derecho a la salud.

El evento de entrega contó con la participación de delegados de la Gobernación de Bolívar y de las alcaldías de María La Baja y de Carmen de Bolívar, así como de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería de María La Baja, la Comisión de la Verdad y de las comunidades.