La globalización neoliberal no solo transformó los mercados financieros y las ciudades latinoamericanas, entre otras cosas, también redibujó el mapa rural de la región. Para entender por qué hoy miles de trabajadores y trabajadoras recorren cada año largas distancias para cortar caña, cosechar frutas, recoger hortalizas o alistar flores, es necesario mirar más allá de la temporada agrícola y situar el fenómeno en el marco de las políticas económicas adoptadas desde la década de 1980.

La migración vinculada a la agricultura no es nueva. Como recuerda Akeju, históricamente ha respondido a la búsqueda de tierras más fértiles, a los desplazamientos provocados por la mecanización y a la demanda estacional de mano de obra.¹ Sin embargo, en América Latina estas dinámicas adquirieron otra dimensión cuando los programas de ajuste estructural –impulsados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– promovieron la liberalización comercial, la privatización y la reducción del papel del Estado.

Con el despliegue de las políticas neoliberales se inició una reestructuración agraria orientada a integrar plenamente el campo latinoamericano al mercado mundial. Se liberalizó el comercio de alimentos, se desregularon los mercados nacionales, se privatizaron empresas públicas rurales y se estimularon cultivos capaces de insertarse en cadenas globales de valor. Así se consolidó lo que Friedmann² y McMichael³ denominan el “tercer régimen alimentario”, una estructura global dominada por grandes corporaciones que organiza la producción según la demanda internacional. El auge de la soya, la palma africana o la caña de azúcar –muchas veces destinadas también a la producción de biocombustibles– es expresión de este régimen.

Sin embargo, el giro hacia los mercados globales ha traído consecuencias para América Latina. Mientras se expanden los monocultivos y crecen las exportaciones agrícolas, varios países dependen cada vez más de importaciones para alimentar a su propia población. Al mismo tiempo, el impulso a la biotecnología y a los organismos genéticamente modificados –presentados como la “segunda revolución verde”– ha beneficiado a las agroempresas transnacionales y no ha constituido una solución estructural al hambre. Más aún, actualmente se estima que cerca de un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial no se consumen,⁴ lo que sugiere que el hambre persiste no por escasez, sino por desigualdad en el acceso.

De esta manera, este modelo que prioriza la producción para los mercados globales ha fracturado el campo en, al menos, dos grandes subsectores. Por un lado, un sector capitalista exportador, altamente tecnificado y articulado al capital transnacional. Por otro, un sector campesino heterogéneo, que produce para mercados locales o para el autoconsumo, con limitadas posibilidades de acumulación. En medio de ambos subsectores emerge una población rural que no puede competir ni con importaciones baratas ni con grandes productores. Para muchos de ellos, la única alternativa es vender su fuerza de trabajo. Son, en términos de Bernstein⁵, trabajadores plenamente proletarizados o semiproletarios.

Es aquí donde la migración de mano de obra agrícola deja de ser un fenómeno coyuntural y se revela como pieza estructural del engranaje de la producción agrícola mundial. Los enclaves agroindustriales que abastecen mercados globales requieren grandes contingentes de trabajadores en períodos específicos. Así, cuando la oferta local no alcanza, se recurre a mano de obra regional, interregional o internacional. La migración puede adoptar formas pendulares, circulares o errantes, según los circuitos productivos y la dispersión geográfica de las empresas. A nivel internacional, se observan flujos tanto Sur-Norte como Sur-Sur, estos últimos menos visibilizados, pero igualmente relevantes en economías orientadas a la exportación.

En la mayoría de los casos, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes son precarias. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la mayoría de las personas vinculadas de forma temporal o estacional en la agricultura carece de seguridad social y prestaciones básicas. Además, cuando la migración es irregular, la vulnerabilidad se profundiza y la capacidad de negociación disminuye, facilitando mayores niveles de explotación. De esta forma, también la segmentación del mercado laboral por clase, género o ciudadanía no ha sido consolidada de manera accidental, es funcional a la competitividad en mercados agroalimentarios globalizados.

Por eso conviene preguntarse qué tipo de desarrollo rural hemos construido. La migración agrícola no es simplemente una estrategia individual para “buscar mejores oportunidades”; es la consecuencia lógica de un modelo que concentra tierra y capital, orienta la producción hacia el exterior y expulsa a quienes no logran integrarse en condiciones ventajosas. Para amplios sectores rurales empobrecidos, migrar no representa una vía de salida de la pobreza, sino una estrategia de supervivencia que a menudo reproduce nuevas formas de precariedad.