En agosto de 2023, el gobierno de Gustavo Petro, liderado por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma laboral con el objetivo de evitar la precarización y, así, mejorar las condiciones laborales en Colombia. La aprobación de esta reforma ha enfrentado numerosos obstáculos, especialmente por parte de una élite empresarial que considera que la reforma va en contra de sus intereses. No obstante, los acuerdos logrados por el gobierno en el Congreso permitieron que, el pasado 8 de octubre, se aprobaran 53 artículos del proyecto. Entre estos, se destaca la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas. Es relevante señalar que, actualmente, estos trabajos están profundamente marcados por la precariedad laboral y carecen de una protección jurídica adecuada que resguarde sus derechos.

Aunque la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas representa una deuda histórica que finalmente se está saldando, el proyecto de reforma laboral también contemplaba la inclusión de otro grupo de trabajadores que aún carecen de la garantía de sus derechos: los trabajadores y trabajadoras agrícolas asalariadas. La reforma laboral originalmente contenía tres artículos específicos para mejorar las condiciones de estos trabajadores; sin embargo, estos artículos fueron eliminados durante el proceso legislativo en el Congreso.

Los artículos eliminados, que buscaban proteger los derechos de los asalariados agrícolas, proponían la regulación del contrato laboral agropecuario (artículo 31), la formalización del trabajo a jornal (artículo 32) y la garantía de vivienda digna (artículo 33). En cuanto al contrato agropecuario, la reforma pretendía integrar al marco legal nacional los contratos de trabajo en sectores como la ganadería, agricultura, silvicultura, horticultura, acuicultura, apicultura, entre otros. Por otro lado, la formalización del trabajo a jornal tenía como objetivo asegurar un salario justo que cubriera las prestaciones sociales y beneficios legales, además de prohibir los salarios inferiores al mínimo legal vigente. Finalmente, la reforma también buscaba que el empleador garantizara una vivienda adecuada para los trabajadores agrícolas que residieran en el lugar de trabajo.

Un análisis detallado de los artículos eliminados revela que los argumentos de los opositores, que votaron a favor de su eliminación, son infundados. Algunos congresistas argumentaron que la aprobación de estos artículos desincentivaría la oferta laboral agrícola y aumentaría el desempleo rural, además de perjudicar la producción agrícola del país. No obstante, estos argumentos ocultan una defensa del modelo agrícola tradicional que ha basado el aumento de sus beneficios en la explotación de la clase trabajadora.

En Colombia, la explotación de la fuerza de trabajo ha sido uno de los factores que han permitido que el país se inserte y pueda competir en los mercados agroalimentarios globalizados. Debido a su desprotección jurídica, en muchos casos la remuneración del trabajo agrícola es inferior al salario mínimo legal y, además, este tipo de trabajo no cuenta con la protección social que gozan otros trabajos en el país; de ahí que gran parte del trabajo agrícola asalariado representa un empleo de estancamiento que reproduce la pobreza rural. Estas condiciones han ocasionado que algunos asalariados y asalariadas agrícolas busquen incorporarse constantemente a otros mercados de trabajo que les permitan obtener mayores ingresos económicos y un mejor nivel de vida. Así, desde hace varios años, un importante número de estos trabajadores y trabajadoras han preferido incorporarse a los mercados de trabajo no agrícola, migrando hacia los centros urbanos.

Más allá de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, superar las complicadas condiciones que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras agrícolas asalariadas sigue siendo un desafío para un Gobierno que aboga por la justicia social. No obstante, en un contexto político como el colombiano, marcado por la presencia y la protección de los intereses económicos de la clase dominante, esta tarea es muy difícil. Por ahora, muchas empresas agrícolas podrán seguir acumulando capital a costa de la explotación laboral porque sus piezas en el Congreso de la República hicieron lo suyo: han favorecido los intereses de los grandes capitales. Por su parte, los asalariados y las asalariadas agrícolas tendrán que seguir padeciendo la invisibilización y continuar buscando otras formas de ganarse la vida.