En el año 1992, durante la Cumbre para la Tierra o Cumbre de Rio, se crea el Convenio sobre la Diversidad Biológica con el fin de construir un instrumento internacional que conduzca a un futuro sostenible y de acceso democrático a los beneficios derivados de los recursos genéticos. Actualmente este convenio está ratificado por 196 países y fue adoptado por Colombia a través de la Ley 165 de 1994. El 29 de octubre de 2010 en vista de los múltiples desafíos en términos del acceso justo a los beneficios de la diversidad biológica, se adopta como acuerdo complementario el Protocolo de Nagoya para la transparencia jurídica a proveedores y usuarios de recursos genéticos. El protocolo prioriza aspectos como el intercambio de información, la participación activa de comunidades indígenas y comunidades rurales, el consentimiento fundamentado previo, la educación ambiental y el acceso a la justicia. Colombia a la fecha no ha ratificado el protocolo, sin embargo, durante la COP 15, que se realizó en diciembre de 2022 en Canadá, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, declaró públicamente que Colombia ratificará el protocolo para el fortalecimiento de la gobernanza de comunidades locales.

Según la normatividad colombiana, los recursos genéticos son material de naturaleza biológica con información genética, divididos en grupos de utilidad real o utilidad potencial, determinados especialmente en la Ley 165 de 1994. Estos recursos genéticos son hallados en múltiples dimensiones de la biodiversidad como genes, especies, ecosistemas, poblaciones, entre otros, y son recursos naturales de la nación. Los recursos genéticos tienen finalidades distintas: por un lado, está la investigación; y, por otro lado, está la comercialización de productos. También existen diferentes actores alrededor de su uso como centros de investigación, universidades, gobiernos y empresas privadas. Para la normatividad y sus instituciones, dichos recursos representan bienes y servicios que sirven de diferentes maneras a los seres humanos: alimentación, salud/medicina natural, materia prima, y de maneras más tecnológicas como materias primas ultra procesadas y transformadas, dichas tecnologías traen consigo el cubrimiento de necesidades, hoy catalogadas como básicas, y novedades en los mercados internacionales.

Aunque en muchos países de América Latina y el Caribe existe un avance en cuanto a leyes y políticas para avanzar en el reconocimiento social y político de los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual y estrategias para un futuro sostenible, son pocos los esfuerzos que se han dado en la practicidad del asunto. Es decir, en el avance de recursos para dichos programas o el desarrollo de metodologías con participación ciudadana. La excepción son Costa Rica y Panamá que evidencian avances más específicos y adelantados en materia social respecto al uso de la biodiversidad. Aun así, con el desarrollo en normativas regionales y locales para estos temas, no existe una articulación visible con instrumentos, herramientas o enfoques que permitan evidenciar en materia de género cuales son los avances o barreras que existen en el acceso justo a los recursos genéticos, y en esa medida nace la pregunta por ¿Dónde están las apuestas y planteamientos de las agendas de mujeres sobre el aprovechamiento de la biodiversidad y los recursos genéticos? ¿Están las mujeres participando en la toma de decisiones sobre la disposición de los recursos genéticos? En caso de que la participación sea activa, ¿Cuáles son las mujeres que están participando? Entendiendo que la mayoría de las mujeres que utilizan los recursos genéticos de la biodiversidad y los reivindican de múltiples maneras son mujeres indígenas, afro y campesinas, en ese sentido ¿La participación parte de mecanismos y enfoques diferenciales/interseccionales y de un análisis de la matriz de dominación?

Las mujeres son reconocidas como usuarias de la biodiversidad, especialmente las mujeres campesinas, indígenas y afro; sin embargo, son también poseedoras y sabedoras de conocimientos tradicionales de la naturaleza que construyen a partir de las experiencias comunitarias, y que terminan recogiendo estrategias para combatir el hambre y la pobreza. Las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, a pesar de no contar con tierras a título propio, vienen trasmitiendo sus conocimientos ancestrales en cuanto a gestión y conservación de la biodiversidad, desde sus cultivos diversificados y fundamentados en la agroecología y la agricultura orgánica (la mayoría en pequeñas parcelas) y la conservación de semillas y medicinas ancestrales. Lo que sabemos hoy de las agendas internacionales sobre acceso democrático a los recursos genéticos es que las mujeres que habitan la ruralidad y quienes son las principales sabedoras de la biodiversidad no están siendo reconocidas en las políticas públicas, ni en el nivel de investigación científica, ni en las acciones vinculadas a programas y estrategias para conservación y acceso democrático. Una de las problemáticas más grandes, y que no ha sido contemplada a profundidad en las herramientas e instrumentos internacionales que velan por la conservación de la biodiversidad, es que las personas, especialmente mujeres, defensoras/protectoras de diferentes ecosistemas no tienen acceso a tierra ni a fuentes financieras, lo que impide que desarrollen sus apuestas por la soberanía, la seguridad y la autonomía alimentaria, pero además por la conservación de la biodiversidad con el manejo adecuado de recursos genéticos y los saberes ancestrales de las comunidades, lo que amplía la discusión al asunto del derecho al acceso a la tierra de las comunidades rurales para poder conservarla.