En 1925, José Carlos Mariátegui, el primer marxista de América, publicó su obra La escena contemporánea, en la cual compiló más de 40 textos, agrupados bajo siete temáticas. El primer apartado del centenario libro se tituló Biología del fascismo, y encontramos en éste los principales planteamientos mariateguianos sobre este fenómeno y movimiento emocional y político italiano de la primera posguerra, eso que ha sido denominado como el fascismo histórico o el fascismo del siglo XX, y de cuyo análisis por parte del Amauta ya nos hemos referido.

Un siglo después, el avance político y social de la ultraderecha a nivel global tiene su referente colombiano, hoy más claramente apreciable en la campaña presidencial del 2026, surgiendo entonces las preguntas: ¿Qué tanto de fascismo hay en esa ultraderecha colombiana? ¿Está en marcha un proyecto fascista en el país de la mano de las “nuevas derechas”? Intentaremos en este corto texto brindar algunos elementos que permitan dar respuesta a estos dos interrogantes, aportes que se suman a análisis elaborados desde el país sobre la caracterización de la actual derecha nacional y regional[1].

Acá es importante recuperar la lectura de Mariátegui del fascismo como un movimiento que congregó una diversidad de categorías sociales, y cuya dirigencia provenía de un amplio espectro político (disidentes del socialismo, excombatientes, literatos futuristas, exanarquistas, sindicalistas, republicanos, fiumanistas, monarquistas ortodoxos, etc), lo que evidenciaba, un confusionismo ideológico que se cubrió bajo la bandera de la patria, monopolizando un estado de ánimo, el patriotismo del escenario posguerra, como discurso nacionalista principalmente de la clase media y de sectores resentidos por las conquistas sociales del proletariado, elaborado más pasional que teóricamente, concentrando a todos los elementos reaccionarios y conservadores, siendo la burguesía la que “armó, abasteció y estimuló solícitamente al fascismo” como “una ofensiva de las clases burguesas contra la ascensión de las clases proletarias”, llegando a constituirse como “una milicia civil antirevolucionaria”[2].

Del abordaje de Mariátegui podemos extraer elementos estructurales —sin por ello generalizar o hablar de una continuidad— que permitan hoy pensar el fascismo como una presencia constante y situada, más allá de lo que fue el fascismo histórico de entreguerras, teniendo: (i) un conglomerado social amplio bajo una idea opaca patriótica y nacionalista; (ii) un lenguaje pasional y no racional del quehacer político; (iii) una clara orientación a favor de la burguesía y el capitalismo; (iv) un discurso y una práctica contra sectores sociales, clases subalternas y la izquierda, repudiadas y definidas como “enemigas” a eliminar; (v) el estímulo al accionar violento militar y paramilitar, incluso contra la democracia; y (vi) el repudio a la democracia participativa, pluralista y al Estado Social de Derecho.

Ahora bien, consideramos la configuración social y política en Colombia de una ultraderecha que es hostil a la democracia ampliada, constituyendo una derecha radical, en términos de la exposición presentada por Daniel Trilling, que se ha apropiado del escenario político nacional que estaba reservado al tradicional Partido Conservador Colombiano. De esta forma, la ultraderecha es la muerte del conservatismo como proyecto político ideológico.

Entremos ahora a presentar elementos que permitan abordar las preguntas inicialmente formuladas. La derecha radical colombiana en el debate presidencial tiene tres figuras destacadas: la exdirectora de la revista Semana Vicky Dávila, el abogado Abelardo De La Espriella; y la precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quienes se han orientado a exponer cada vez más rasgos fascistas en sus campañas. Así, el abogado apela a una poco clara y pasional “defensa de la patria” como eslogan de su campaña; la precandidata Dávila refiere a la valentía como característica de su proyecto político-electoral; los tres abordan los temas económicos y sociales con una clara orientación a beneficiar a gremios empresariales, inversionistas (nacionales y extranjeros) y sectores productivos; han atacado discursivamente a la izquierda y a los sectores políticos quedesde un horizonte más amplio están hoy en el Gobierno nacional; en la campaña también ha sido un factor común la agresión al pluralismo, representado en el trato colonial y racista a pueblos indígenas; los tres promueven el autoritarismo, el disciplinamiento, la seguridad y la militarización, afirmando el precandidato De La Espriella que a la izquierda toca “acabarla”, “erradicarla”, “destriparla como corresponde” y que el actual presidente “no vale ni una bala” una expresión que recuerda el lenguaje del paramilitarismo de las AUC y de los grupos inmersos en prácticas de exterminio social de décadas anteriores; por su parte, la precandidata Dávila afirma que acabará “la paz total”, y llamó a los militares y policías a “desobedecer al presidente”.

Desnudar el horizonte fascista de los candidatos de la ultraderecha es necesario en el debate electoral a la presidencia. Acá es importante volver a Mariátegui, no solo para la urgente caracterización, sino también para no olvidar que el fascismo, una vez en el poder, tiende a ser más beligerante, más combativo, más intransigente y se sostiene como proyecto en la guerra. La alternativa a la ultraderecha desde las izquierdas es la paz como apuesta política, socioeconómica, ambiental y cultural. Es la paz donde, nos recuerda el Amauta, el fascismo no tiene capacidad de actuación.

El pasado 5 de agosto, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia organizado por el diario El Colombiano en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se anunció que la región había “pasado la página”; que atrás quedaban décadas de guerra y de dolor, escribiéndose “una nueva historia”, todo gracias a Puerto Antioquia, a los gremios y al sector empresarial. Las referencias en el foro al actor privado como agente de construcción territorial y de ordenamiento político-administrativo fueron múltiples: desde la mirada de Augura y Uniban, “Urabá nace hace más de 110 años con un consorcio empresarial”, también indicaron que “primero que Apartadó estaba Uniban” y que en la región se ha dado “construcción de nación por parte del sector privado”. Para el asesor de la alcaldía de Turbo, en la región “somos más empresa que Estado”. La idea de frontera, de tierra a civilizar, como hace 100 años, sigue vigente: para el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, “Urabá es la tierra prometida”. También la idea de Otredad y de raza antioqueña estuvo presente: “la forma antioqueña de hacer las cosas”, la “raza negra se integró con el indígena y con el paisa”, dijo un entrenador y gerente deportivo de la región. Todo esto, alrededor de la fiesta que genera para empresarios y actores políticos, el inicio de actividades de Puerto Antioquia.

En la región, no se ha pasado la página de la violencia. Como ejemplo, en el año 2023 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 014-23, en la que se aborda el riesgo que genera la incidencia en los procesos migratorios del conflicto armado y el crimen organizado en la zona (Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó y Unguía); por su parte, el informe de seguimiento IS N° 018-2022 a la AT 008-2020, indica que el riesgo inicialmente identificado persiste. También, el empresariado sigue desconociendo a El Otro, representado en las comunidades afrocolombianas que habitan el Golfo de Urabá. En efecto, al día siguiente del Gran foro, La Chiva de Urabá anunciaba que el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo de tutela que ordenó al proyecto Puerto Bahía de Colombia de Urabá (Puerto Antioquia) realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades afrodescendientes que habitan en la zona.

A pesar de la estipulación del derecho a la consulta previa en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en 1989, de su aprobación a través de la Ley 21 de 1991 y del reconocimiento como sujetos de los derechos que consagra el citado instrumento a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras según la jurisprudencia constitucional (C-169 de 2001), se les sigue vulnerando el derecho a la consulta previa y su garantía debe ser demandada ante el juez constitucional, como ocurre en el caso de Puerto Antioquia. De este proyecto portuario ya hemos escrito anteriormente, describiéndolo y presentando cómo se vulneran los derechos territoriales y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afrodescendientes habitantes del área de influencia e impactadas directamente por la iniciativa.

El fallo de tutela emitido el pasado 10 de julio por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo protegió el derecho a ser consultados de cuatro comunidades negras: el Consejo Comunitario Martin Luther King Esperanza 2000, el C.C. Los Mangos, el Consejo Comunitario Los Manatíes, y el C.C. Bocas de Atrato y Leoncito, habitantes del sector de los ríos León y Suriquí y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá. Los accionantes describrieron en la solicitud de amparo algunas de las irregularidades que en el trámite del licenciamiento ambiental de Puerto Antioquia —adelantado por Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A.—, se dieron, primero con relación a la Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y posteriormente en la expedición de la Resolución 0078 del 28 de enero de 2016 (con la cual se modificó el proyecto), en cuanto a la certificación del Ministerio del Interior de la no presencia de comunidades negras en el área de influencia del proyecto y el accionar de la desarrolladora del puerto. Un proyecto frente al que actualmente la ANLA ha hecho un riguroso seguimiento, lo que contrasta con el accionar de la agencia y de otras entidades que, durante las presidencias de Iván Duque y Juan Manuel Santos, se orientaron a favorecer a los promotores del puerto.

La accionada Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A., en una clara ofensa a las comunidades accionantes, respondió a las pretensiones señalando que “no existe afectación directa a los derechos fundamentales pues las operaciones portuarias en el golfo de Urabá se vienen realizando hace aproximadamente 60 años”. Seguidamente reconoció la existencia de comunidades negras en la zona de influencia del proyecto, con quienes ha adelantado, afirma, “un relacionamiento directo, permanente, transparente y respetuoso de los grupos étnicos”, a través, por ejemplo de reuniones —como la sostenida el 2 de mayo con representantes y miembros de los consejos comunitarios accionantes—, pero ese relacionamiento expuesto por la empresa se lee como incumplimiento del deber de debida diligencia en tanto tras conocer la existencia en el territorio de las comunidades no informó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que esta determinara si procedía la consulta previa con ellas. Esta negación de los derechos de El Otro y por tanto el reconocimiento de su otredad, es una ofensa que se lee en más de una ocasión en el expediente de licenciamiento del puerto, LAM5060 de la ANLA.

Alejandro Costa Posada, director ejecutivo de Puerto Antioquia, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia, afirmó: “socialmente necesitamos entender quiénes son nuestros vecinos y qué quieren y para dónde van y cómo se ven”. Es importante que estas afirmaciones no sean sólo para generar aplausos entre antioqueños que, como si estuvieran en 1925, ven en Urabá la tierra prometida y que dicen hacer un capitalismo consciente, sino que se traduzcan en el reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas que tienen por territorio y hábitat la Bahía Colombia, los ríos León y Suriquí, que se traduzcan en el reconocimiento de los Otros, de los ofendidos.