La Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia es una de las reformas más significativas que se han intentado implementar en el país en los últimos años. No sólo se trata de un ajuste técnico dentro del sistema judicial, sino de una deuda histórica con el campo colombiano, con el campesinado y con la paz. Sin embargo, las modificaciones al proyecto de ley, especialmente en lo referente a sus principios, dejan cierta incertidumbre sobre si realmente esta nueva jurisdicción logrará cumplir su propósito o si, por el contrario, se convertirá en una oportunidad perdida.

Es preciso mencionar que el esfuerzo normativo por instaurar la Jurisdicción Agraria y Rural surgió a partir del Acuerdo de Paz del 2016, donde se reconoció que la justicia rural debía fortalecerse para dar respuesta a los conflictos sobre la tierra y garantizar los derechos de quienes históricamente han sido marginados. A través del Acto Legislativo 03 de 2023, el actual gobierno incorporó la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución y, posteriormente, presentó dos proyectos de ley: uno estatutario, ya aprobado por el Congreso y en revisión por la Corte Constitucional; y otro ordinario, que sigue su curso en el legislativo y que busca determinar el funcionamiento, competencia y procedimiento especial agrario de la jurisdicción.

La controversia más importante en el trámite del Proyecto de Ley Ordinaria ha girado en torno a la modificación y eliminación de algunos principios que le otorgarían identidad propia a la Jurisdicción Agraria y Rural. En particular, se han suprimido principios como el de bienestar y buen vivir, desarrollo integral y sostenible en el campo, así como el de permanencia agraria. Con esta decisión, la nueva jurisdicción podría disminuir su capacidad de diferenciarse tajantemente de otras ramas del derecho y de representar una herramienta autónoma para resolver los problemas del mundo rural.

El debate sobre la autonomía del derecho agrario no es nuevo. Unos años después de su nacimiento, durante la tercera década del siglo pasado, en torno a este debate se organizaron dos posturas: una, encabezada por Giangastone Bolla, que defendió la autonomía de esta disciplina, y otra, representada por Ageo Arcangelli, que la consideró una especialización del derecho civil. En Colombia, pese la intención de concebir el derecho agrario desde una postura autonómica, la restructuración y supresión de algunos principios del Proyecto de Ley Ordinaria podría inclinar la balanza hacia la segunda postura, debilitando la posibilidad de construir un derecho agrario con principios propios, los cuales deben responder a la realidad del campo colombiano.

Lo preocupante es que la existencia de principios propios no es un asunto menor. En el derecho, cuando no hay normas concretas para resolver un caso, los jueces recurren a los principios para interpretar y tomar decisiones. Si la Jurisdicción Agraria y Rural no cuenta con principios propios, sus jueces se verán obligados a aplicar normas de otras ramas del derecho, lo que podría generar sentencias que no respondan adecuadamente a las complejidades del mundo rural.

La pregunta clave es: ¿qué tipo de justicia agraria necesita Colombia? ¿Una que adecue otras normas a la realidad del campo, o una que responda a las dinámicas, conflictos y necesidades de la ruralidad? La paz y la posibilidad de construir mejores condiciones de vida para muchos habitantes del país dependen, en gran medida, de esta respuesta. Si queremos construir una sociedad más justa, es fundamental garantizar que la Jurisdicción Agraria y Rural no sea un simple mecanismo burocrático, sino una verdadera herramienta de transformación social.

El país tiene en sus manos la oportunidad de saldar una deuda histórica con el campesinado y avanzar hacia una justicia que realmente entienda y atienda las necesidades del campo. Es importante luchar por una jurisdicción autónoma, con principios propios y con una identidad agraria; este sería un aporte a la consolidación de la paz y la justicia social en Colombia.