El jurista Carlos María Cárcova recuerda que el acceso a la justicia “ha estado presente en la agenda de las políticas de Estado, desde hace cuatro largas décadas”*, guarda relación con la exclusión económica y con la exclusión cultural, registrando “la pronunciada distancia que existe entre ciertas garantías de orden democrático y su efectiva realización práctica”*, esa falta de materialización significa que un gran número de individuos y colectivos, especialmente sujetos vulnerabilizados, no pueden acudir al amparo jurídico y a la justiciabilidad de sus derechos.

En Colombia, la administración y acceso a la justicia está en la agenda político-legal: el pasado 9 de octubre se aprobó la Ley 2430, que reforma la ley estatutaria de administración de justicia; por otra parte, se tramitan en el Congreso los proyectos de ley 281/24S, que busca modificar la legislación penal para garantizar una administración de justicia penal pronta y eficaz, y 183/24S sobre las competencias de la jurisdicción agraria y rural; así mismo, está en revisión de la Corte Constitucional la propuesta de ley estatutaria por medio de la cual se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural.

Lo anterior debe leerse de la mano de las necesidades jurídicas de los colombianos, apreciables en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2022, la cual al tener un factor expansivo permite reportar que 4,5 millones de personas presentan por lo menos un problema legal. De la totalidad de cuestiones reportadas por los encuestados, las afectaciones, daños o perjuicios causados o derivados de delitos y la prestación de los servicios de salud, pensión o riesgos laborales, ocuparon los dos primeros lugares, con 47,4 % y 12,9 %, respectivamente. Frente a la totalidad de los asuntos reportados, el 46,9 % de los encuestados no hizo nada, mientras que el 37,8 % acudió a una institución o autoridad; pero de estos últimos, el 31,5 % afirmó que todavía no tiene respuesta y el 26,8 % expresó que la autoridad no actuó.

Un estudio reciente sobre Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024 evidencia que el 55 % de las personas encuestadas de 16 municipios de 9 departamentos, ha experimentado un problema legal o más, presentando las víctimas de desplazamiento forzado mayores problemas legales que las personas no desplazadas; la población vulnerable es la que más padece problemas relacionados con acceso a servicios estatales; y quienes tienen un mayor nivel educativo son más conscientes de experimentar problemas legales que quienes poseen pocos estudios.

Así, la falta de solución judicial y las necesidades jurídicas insatisfechas reflejan una afectación a un derecho y la imposibilidad del pleno ejercicio de derechos que podrían ser garantizados mediante acciones judiciales efectivas, especialmente en grupos vulnerables.

A nivel de la región, desde el año 2021 la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana y el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia trabajan en un instrumento vinculante sobre acceso a la justicia, contándose ya con un borrador de convenio, el cual ha recibido comentarios, observaciones y sugerencias por parte de las organizaciones de la sociedad civil y está siendo socializado entre diversos actores por la COMJIB y por sectores interesados.

El proyecto cuenta con 55 artículos, parte de indicar que su objetivo es “garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, con la finalidad de salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, y a obtener soluciones a sus necesidades jurídicas a través de instituciones formales e informales, en conformidad con estándares de derechos humanos” (art. 1). Presenta como principios de la implementación del convenio la efectividad, la progresividad y no regresión, la integralidad, el enfoque de género, la interseccionalidad, la pluriculturalidad, la igualdad y no discriminación, la centralidad en las personas, y el enfoque de derechos humanos. Reconoce la necesidad de información y educación en derechos y en materia legal para poder acceder a la justicia, esto a partir de incorporar de forma única y novedosa el empoderamiento jurídico; y plantea que el uso del derecho por parte de las personas y comunidades es “un mecanismo democrático de transformación de sus realidades”.

La propuesta de Convenio Iberoamericano es muy importante, pues será el primer tratado sobre el derecho de acceso a la justicia centrado en los derechos humanos y las personas vulnerabilizadas y que incorpore el empoderamiento legal; además, una vez entre en vigor, orientará los marcos legales que sobre justicia se discutan en el país; y, al concentrar las obligaciones estatales asociadas a la respuesta de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, puede contribuir a reducir las brechas entre las garantías de orden democrático y su materialización.