Camilo Domínguez en un interesante trabajo sobre la economía y poblamiento de la Amazonia colombiana indica cómo el poder político, económico y social se ha concentrado en el centro del país, siendo las regiones más alejadas periferia capitalista dentro de la que se puede llegar a encontrar la extrema periferia: aquella “donde el capitalismo salvaje alcanza su máximo poder destructivo”, en la que se desarrollan los procesos de acumulación por desposesión del país y de los centros globales del capital. Ese sería el caso de la Amazonia, región que además se presenta, como ha establecido Germán Palacio, en asincronía y excentricidad histórica porque en ésta los sucesos y periodos político-históricos no se dan al mismo tiempo que en el resto del país; y, el centro de la historia nacional ha sido la región andina y, en menor medida, la caribe.

La asincronía y excentricidad histórica también se da con relación al conflicto armado interno: mientras la confrontación bélica con las guerrillas inició en la zona andina al cierre de la primera mitad del siglo XX, en la Amazonía solo comienza en la década de 1970, a partir de entonces y especialmente al cierre de la década de 1990 y el inicio del siglo XXI, el conflicto armado se desplegó, siguiendo a Palacio y Urueña, como una guerra en las fronteras y en el caso del sur del país, la guerra se ha desarrollado en la frontera amazónica, y hacia allá también apuntaba la construcción de paz.

En efecto, un escenario de cambio sobre el conflicto armado en la región amazónica lo representó, sin lugar a duda, la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el 2016. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, lo pactado significó para la Amazonía, principalmente, la reincorporación a la vida civil de las estructuras de los Bloques Oriental y Sur de la guerrilla; la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en 28 municipios amazónicos: 16 de Caquetá, 4 de Guaviare y 9 de Putumayo; tres representantes a la Cámara por la Amazonía en el marco de la circunscripciones transitorias especiales de paz; cinco espacios territoriales para los excombatientes de la insurgencia; la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, PNIS, en departamentos como Caquetá, Guaviare y Putumayo, con 13 mil familias inscritas en el programa por Caquetá, 7 mil de Guaviare y 20 mil de Putumayo, y que los vinculados eliminaran 9.904 hectáreas de coca en Putumayo y 6.354 hectáreas en Caquetá, entre otros aspectos.

La oportunidad de transformación que significaba lo pactado para la Amazonia ha sido comparada con la generada con la promulgación de la Carta Política de 1991, en la que se erigieron en departamentos las intendencias y comisarías de la Amazonia, se dispuso la forma en que se logre su organización y funcionamiento.

Ahora bien, en la Amazonia del posacuerdo se presentan dificultades, incluso imposibilidad, de implementación de lo pactado, la continuidad de su entendimiento como extrema periferia, la presencia de nuevos actores armados y los reajustes de los existentes, ligado a las reconfiguraciones territoriales en el marco del conflicto interno. Así, un año después de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP se tenía la continuidad en la confrontación armada, los elementos propios de economía política de la guerra y de los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto interno, la presencia diferenciada y acción ineficaz del Estado en la Amazonía, al igual que las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas. El panorama en los años siguientes de acuerdo con las Alertas Tempranas emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo no varía y la guerra en las fronteras sigue desplegándose en la Amazonía.

Uno de los aspectos que llama la atención sobre el conflicto armado en la región es el reagrupamiento de estructuras y la proliferación de nuevos grupos criminales. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo advirtió en enero de 2017 la presencia en el departamento del Caquetá de hombres armados exintegrantes de las FARC-EP que se declaraban en disidencia. La principal estructura que se separó de la dirección guerrillera y no participó del proceso de paz fue el Frente 1° del Estado Mayor Central (EMC), denominado como Frente Armando Ríos o Frente Madre, conocido también como Carolina Ramírez, agrupación que inicialmente operaba en Caquetá y se desdobló, antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, hasta Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés. Así, en el Meta, después del proceso de dejación de armas de las FARC-EP, se registró tempranamente la presencia del Frente 1° en el municipio de La Macarena y en las zonas compartidas con el departamento del Caquetá. La estructura ubicó su zona de repliegue en el departamento de Vaupés y ha ampliado sus zonas de retaguardia hacia Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas y Caquetá. También con origen en antiguos integrantes de las FARC-EP, pero del Frente 48, se tiene al grupo Comandos de Frontera – Ejército Bolivariano que disputa con el Frente 1° el control de la frontera colombo-peruana.

De otra parte, en La Macarena y en otros municipios del Meta, al igual que en San Vicente del Caguán (Caquetá) se evidenció desde el 2016 la presencia de integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Para el caso del departamento del Putumayo, en marzo del 2016, la Defensoría refería a la presencia de la organización criminal La Constru en los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez, interesados en el control territorial y las rentas ilegales. Posteriormente el SAT abordó la presencia de disidencias de las FARC, La Constru y un grupo denominado Autodefensas Guardias Campesinas Armadas en Puerto Guzmán y Mocoa. La Constru es una organización criminal conformada en el año 2009 en el departamento en los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, se financió con actos delictivos como homicidios selectivos, extorsiones, tráfico porte de armas y tráfico fabricación de estupefacientes y se habría desarticulado en 2022.

En el departamento de Amazonas la población indígena del eje Caquetá y del eje Apaporis ha estado bajo amenaza, riesgo de afectación y vulneración de derechos por parte de los integrantes del Frente 1°. La presencia del grupo con fines militares y rentísticos en el departamento y, especialmente, en los territorios indígenas se traduce en riesgo de violaciones a los derechos de una gran cantidad de pueblos habitantes de las riberas de estos dos grandes ríos, así como en afectaciones territoriales y a la identidad cultural.

Homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, afectaciones como consecuencia de las acciones bélicas (accidentes por minas y/o armas trampa y MUSE – enfrentamientos con interposición de población civil), utilización de métodos para generar terror e intimidación en la población civil (amenazas mediante panfletos mensajes de texto, verbales, individuales o indiscriminadas), destrucción de bienes civiles, desplazamientos y confinamientos forzados, reclutamientos forzosos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y la utilización ilícita de menores de edad, son parte de las afectaciones a la población civil, particularmente pueblos indígenas, y riesgos advertidos, y han sido noticia en los días recientes.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) denunció el asesinato de cuatro indígenas menores de edad por parte del Frente 1° el pasado 17 de mayo. Los menores habían sido reclutados forzadamente en los límites entre Amazonas y Caquetá. Este crimen llevó a que el 21 de mayo el Gobierno nacional decidiera reanudar operaciones contra el EMC. De otra parte, el 24 de mayo se conoció la Alerta Temprana 017-23 que advierte el escenario de riesgo para los pueblos indígenas habitantes de la frontera entre Vaupés y Amazonas con las acciones del Frente 1°, estructura que ha generado desplazamientos forzados, homicidios contra jóvenes indígenas y reclutamientos forzados en comunidades indígenas como Puerto Cedro y Centro Providencia.

La guerra sigue en la Amazonia y lo que se ha puesto en marcha del acuerdo de paz no avanza en sintonía con las necesidades de los territorios, de modo que se puedan reversar los efectos del conflicto, cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia y solucionar las causas históricas y que el posacuerdo llegue a una región que representa más del 40 % del país. Las posibilidades hoy de paz en la Amazonia pasan por la superación del entendimiento de la región como extrema periferia y frontera, y la materialización de la política de Paz Total. pero esto último implica serios e importantes ajustes al desarrollo de esta política y que las conversaciones avancen de manera paralela y simultánea con todos los grupos que operan en la región.