Las Organizaciones Campesinas y Sociales abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo irrestricto a la reforma estructural y participativa al Sistema Integral de Salud que adelanta el Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego, liderada por la Ministra de Salud, Doctora Carolina Corcho.

Las poblaciones campesinas y rurales, especialmente de las zonas dispersas de la geografía nacional, somos quienes más nos hemos visto afectadas por problemas de acceso, disponibilidad, calidad y adecuación socio-cultural de los servicios de salud, en estas tres décadas de vigencia del modelo de salud instaurado por la Ley 100 de 1994. Este modelo ha hecho primar el carácter privatizador de la salud, convirtiéndola en una mercancía y debilitando su naturaleza como derecho fundamental y obligación política y jurídica a cargo del Estado.

Las organizaciones campesinas hemos denunciado a lo largo de este tiempo de vigencia del modelo de la Ley 100 de 1994, la crisis de financiación de la red pública hospitalaria en todas las regiones, y el deficiente funcionamiento de los centros y puestos de salud de la mayoría de los municipios del país, a causa de la falta de irrigación de recursos públicos y de la falta de pagos oportunos por parte de las Empresas Prestadoras de Salud, que no obstante se quedan con el 30% de los recursos estatales destinados al sistema de salud, en el proceso de intermediación financiera que hacen.

Manifestación clara de esta profunda crisis de la red pública de salud, es la intervención y reestructuración de alrededor de 15 hospitales en varias regiones del país[1], y la intervención administrativa para liquidación de 11 EPS[2] por problemas de solvencia financiera, corrupción y de pésimo funcionamiento, mientras que las poblaciones pobres y rurales siguen padeciendo los obstáculos de acceso a la asistencia en salud adecuada, oportuna y de calidad, sometidas además a los llamados itinerarios de la muerte de los pacientes.

El Informe de la Misión Rural (DNP: 2014), ya indicó las grandes brechas de satisfacción frente al derecho a la salud que  afectan a las poblaciones de la ruralidad. Señaló que mientras que el 12.4% de los hogares de los municipios clasificados como “rural disperso” no tiene acceso a servicios de salud, menos del 5% de los hogares en las ciudades y aglomeraciones urbanas presentan esta privación[3] (DNP, 2014, p. 16). El informe evidenció que los departamentos con mayor nivel de población rural, cuentan con una heterogeneidad de sedes de servicios de salud, que no corresponden con la proporción de población en dichas zonas; así por ejemplo, mientras la proporción de población rural del país en 2014 era del 23%, los puntos de atención o sedes de prestadores de servicios de salud en estas zonas alcanzaron únicamente el 10% del total de la población rural (DNP, 2014, p. 23).

En el Plan Nacional de Salud  Rural (2018), el Ministerio de Salud y Protección de Salud también visibilizó algunas brechas. En materia de salud sexual y reproductiva, las diferencias entre el campo y la ciudad son palpables, por ejemplo, el porcentaje de mujeres entre los 13 y 49 años con pareja que está usando algún método anticonceptivo moderno es menor en la zona rural que la urbana (73,6% vs 76,7%), y el porcentaje de mujeres que se han realizado citología alguna vez en la vida, indica que el 67,1% y 63,9% de las mujeres de la zona urbana y de la zona rural respectivamente se la realizan cada año.

Gran parte de las barreras de acceso a la salud que enfrentan los habitantes de la ruralidad están fuertemente asociadas al déficit de talento humano en salud en estas zonas. Para 2016 se observó una mayor densidad de profesionales de la salud en las zonas urbanas (102 por cada 10 mil habitantes), respecto a las zonas rurales (40,8 en área rural y 28,1 en área rural dispersa). En el caso de los médicos, por ejemplo, mientras la densidad estimada en la ciudad es de 31,9 por cada 10.000 habitantes, en el área rural y rural dispersa la densidad se estima en 13,2 y 8,8, respectivamente (Ibid., pg. 16).

Estas brechas y discriminaciones contra las poblaciones campesinas en relación con la salud se mantienen y son abiertamente inconstitucionales, por lo cual la reforma estructural al sistema de salud es un imperativo para el Estado colombiano, y una tarea inaplazable para el Gobierno del Presidente Petro, que respaldaremos en las calles y en el debate público.

Suscribimos las propuestas incluidas en el mandato ciudadano en salud, que el Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo han construido desde hace varios años. Especialmente pedimos que la discusión de la reforma al sistema de salud, se acompañe de una amplia movilización y participación ciudadana.  Pedimos que la reforma tenga en cuenta la exigencia de eliminar toda forma de intermediación financiera de agentes privados que atenta contra la salud y la vida, y que fragmenta el sistema de salud al darle prioridad al aseguramiento individual y al negocio privado con la enfermedad, debilitando el sistema de salud pública y un sistema basado en la prevención.

Finalmente, rechazamos la propaganda mediática contra la reforma desatada por las  empresas y agremiaciones que negocian con la salud, por desinformar a la opinión pública e impedir un debate democrático auténtico.

Firmamos,

ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (ANUC)

ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS DE CUNDINAMARCA (ANUC CUNDINAMARCA)

INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA SOCIEDAD Y DERECHO ALTERNATIVOS (ILSA)

ILSA