Desde su creación, en Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha transformado su mandato a pesar no haber sufrido variantes formales en su tratado de constitución original. Inicialmente fue creado bajo la pretensión de dar estabilidad cambiaria, vía el patrón dólar-oro; colaborar financieramente en la resolución de problemas de balanza de pagos de orden regional y promover el comercio internacional a partir de lo anterior.

Hoy, la eliminación del patrón dólar-oro por decisión unilateral de EE UU ha significado que el peso del Fondo en materia de la estabilidad cambiaria se ha hecho muy menor, pero, a cambio, se ha convertido en prestamista de última instancia frente a situaciones de crisis financieras de carácter global, especialmente asociadas a la liberalización de los mercados, propiciada por el mismo. Igualmente, es un monitor permanente de las economías nacionales y regionales.

A pesar de que hoy encuentra competidores en el área, tales como el Fondo Latinoamericano de Reservas y la iniciativa Chiang Mai del ASEAN, el papel actual del FMI es, finalmente, garantizar que los acreedores podrán contar con su dinero y, para ello, presta a los Estados altamente endeudados y con escasa capacidad de pago,  interviniendo de paso en el manejo de sus economías.

Es partir del anterior rol que el FMI forma parte de la conocida Troika, integrada adicionalmente por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, la cual, desde hace más de tres años, viene liderando en Grecia un ajuste estructural muy agudo, a fin de obtener un saneamiento de las cuentas públicas del Estado griego y permitir honrar los préstamos otorgados para financiar su sistema bancario y el mismo funcionamiento de los órganos públicos. Ante la imposibilidad de llegar a un “acuerdo” para extender los términos del ajuste a cambio de más fondos para pagar varias deudas, entre ellas una prioritaria con el FMI, el gobierno de izquierdas decidió convocar de manera súbita y muy rápida un referendo dirigido a someter a consulta popular el acuerdo o no respecto de las medidas propuestas por la Troika. El resultado es conocido por todos.

Pero qué nos deja tras de sí el hecho en cuestión. En el marco de una globalización financiera hegemónica, es altamente notable que, por primera vez, y en una situación más que extrema para un país, se haya sometido a una evaluación popular el alcance de diversas medidas económicas  y sociales que los afectaban. Podríamos decir que esto no es normal ni siquiera respecto de políticas nacionales del Estado nación y, definitivamente, es inédito respecto de dinámicas provenientes de actores globales. Estamos en presencia de un precedente.

Con todo, dicho precedente está matizado por varios aspectos. La consulta se hizo de manera muy rápida, en un contexto de “corralito financiero” y con un marcado sentido patriótico. Es decir, no se fundó en un debate más o menos deliberado, ausente de presiones y claramente democrático. Por lo demás, la pregunta estaba dirigida en cuanto se indagaba por el favor o no respecto del programa propuesto por la Troika, es decir en relación con algo que se veía como externo.

De otra parte, tras lo ocurrido hay un claro juego y choque de poderes. El “fáctico” tecnocrático de la Troika, que encarna claramente una racionalidad económica, y el “popular” político, asociado a la decisión de las mayorías expresadas en una elección y un referendo. Si bien no es claro cuál de los dos poderes se impondrá, si es que alguno al final lo hace, lo que parece claro es que en temas de deuda pública seguimos sujetos a un marco claramente de lucha de poderes antes que a la existencia de reglas.

El caso en cuestión llama la atención sobre lo planteado por Stiglitz y compañía sobre la conveniencia de un marco de normas que regule estos casos y limite al máximo los abusos de poder de los diversos actores en un tema tan sensible como el endeudamiento público.

Finalmente, la consulta soberana al pueblo griego muestra un desfase entre los ámbitos de decisión internos nacionales respecto de dinámicas de carácter global-regional. En otros términos, el demos griego puede quedarse corto frente a ámbitos de decisión supranacionales basados en una idea de Europa que se coloca por encima de él.  Como se puede ver, el referendo no decidió soberanamente nada, pues las negociaciones continúan y la salida de la Unión Europea no se visualiza. Aún en el caso en que ocurra, las normas internas de aquel prevén que este proceso puede terminar tomando dos años, dado que su alcance no es inminente e inmediato como es normal en el Derecho Internacional Público.