Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
Hoy, 9 de abril de 2026, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) convoca a recordar no solo la magnitud del conflicto armado colombiano, sino también las responsabilidades históricas, políticas y jurídicas que se derivan de sus consecuencias. A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, y en medio de un contexto electoral marcado por discursos contra mecanismos orientados a garantizar los derechos de las víctimas y candidaturas presidenciales que hacen uso de diversas formas de violencia simbólica, verbal y física, esta conmemoración exige reafirmar el compromiso colectivo con la construcción de una sociedad orientada a detener la guerra, profundizar la reconciliación democrática y consolidar condiciones reales de convivencia, no estigmatización y garantía efectiva de derechos.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, un total de 10.230.330 personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado. El desplazamiento forzado constituye el hecho victimizante de mayor impacto, con 9.115.103 personas obligadas a abandonar sus vidas y territorios, lo que evidencia las dimensiones situadas de la guerra y sus profundas implicaciones sociales, económicas y culturales.
El campesinado ha sido la principal víctima de la guerra: más de cuatro millones de hechos victimizantes, equivalentes al 45,5 % del total registrado, afectaron directamente a campesinas y campesinos, confirmando que el conflicto armado ha estado profundamente ligado a la apropiación de tierras, la imposición de modelos de desarrollo y configuraciones territoriales del campo colombiano.
Más del 90 % de las personas afectadas por el conflicto armado pertenecen a la población civil y, según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en el 42 % de los casos las víctimas sufrieron múltiples hechos victimizantes en distintos momentos y a manos de diferentes actores armados, lo que evidencia la continuidad y complejidad sistémica de la violencia.
El periodo comprendido entre 2001 y 2005 concentró la mayor intensidad del conflicto, con 3.678.887 hechos victimizantes y 3.357.611 víctimas registradas. En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado, dentro de sus once macrocasos, a 14.659 víctimas individuales y 423 sujetos colectivos.
De las imputaciones realizadas, los exintegrantes de las FARC-EP han reconocido el 98,36 %, mientras que los comparecientes de la fuerza pública han reconocido el 86,90 %, avances que reflejan la centralidad del reconocimiento de responsabilidades como condición para la justicia restaurativa.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha señalado que esta guerra no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre actores armados, sino como el resultado de entramados políticos, económicos y sociales en los que participaron también actores civiles y estructuras de poder vinculadas a disputas territoriales y económicas. En esa perspectiva, el conflicto armado constituye un fenómeno histórico estructural que ha atravesado generaciones enteras: según la CEV, no ha existido en Colombia una generación que haya vivido plenamente en paz, y al menos el 20 % de la población ha sufrido una afectación directa derivada de la guerra.
Si el país guardara un minuto de silencio por cada víctima reconocida, Colombia permanecería en silencio durante diecisiete años. Esta imagen, más que una metáfora, expresa la dimensión ética del desafío que enfrenta la sociedad colombiana.
Las cifras aquí expuestas no pueden reducirse a un ejercicio estadístico ni a una conmemoración ritual. Exigen, por el contrario, comprensiones complejas y sistémicas que permitan reconocer las múltiples dimensiones de la guerra y avanzar hacia transformaciones estructurales orientadas al cese definitivo de las violencias. La garantía integral de los derechos de las víctimas, el reconocimiento jurídico, político y social de lo ocurrido y la construcción territorializada de la paz constituyen condiciones indispensables para evitar la repetición de ciclos de negociación fragmentados, promesas incumplidas y procesos de paz pospuestos. Recordar, en este sentido, no es un acto pasivo de memoria, sino una decisión política y ética orientada a hacer posible una paz total, estable y duradera, este es también, nuestro compromiso como institución.
