En Colombia, el derecho a una vida digna es un privilegio, no una garantía. Te mostramos el caso de 32 familias víctimas del conflicto armado en Paso del Medio, María La Baja (Bolívar). Desde 2009 vivieron sin luz, agua, salud ni vivienda digna. Tras años de lucha legal, el Consejo de Estado falló a su favor en mayo de 2025: obligó al Estado a garantizarles servicios básicos y legalizar su asentamiento. Este fallo es un mensaje claro: el Estado no puede seguir invisibilizando a las víctimas desplazadas. Ahora, toca exigir que las órdenes se cumplan.