Se ha señalado que en la legislatura que inició el 20 de julio algunos congresistas de derecha presentarán proyectos de Ley para consolidar el porte legal de armas, argumentando, como lo hace el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, la necesidad de “defender la propiedad privada, la vida y la familia de los colombianos”; o en palabras del también representante Juan Carlos Wills, quien radicó un proyecto de Ley sobre la materia, que a cada colombiano que tenga con qué se le entregue un arma y pueda garantizar su propia seguridad ante una “situación que está viviendo el país de absoluta inseguridad”. Por su parte, en Argentina, el candidato de derecha a la presidencia, Javier Milei, expresó estar “a favor de la libre portación de armas” y dentro de sus principales propuestas se encuentra “desregulación del mercado de las armas de fuego para permitir el uso legítimo y responsable de armas por parte de los argentinos”.

La adquisición, la posesión y el empleo de armas de fuego es un tema asociado al deterioro del disfrute de los derechos humanos. Por esta razón, el Consejo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha abordado este tema desde el derecho internacional de los derechos humanos. Así, el Alto Comisionado presentó en el período número 53 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado entre el 19 de junio y el 14 de julio de este año, el informe Efectos que tienen la adquisición, la posesión y el empleo de armas de fuego por parte de personas civiles, el cual contiene elementos primordiales que deben ser tenidos en cuenta en el debate que se propone abrir en el legislativo colombiano y que está presente en las elecciones argentinas.

En primer lugar, el informe revela que la adquisición de armas genera consecuencias negativas en los derechos humanos como consecuencia de la posesión y uso de armas de fuego por civiles. Por ejemplo, cada año se producen aproximadamente 250.000 muertes por las armas de fuego; en América del Norte, Centroamérica y América del Sur se registran la mayoría de homicidios por estas causas; EE.UU., Groenlandia y Uruguay presentan las tasas más altas de suicidios con armas de fuego; y las lesiones por armas de fuego tienen como consecuencia a largo plazo la discapacidad, la pérdida del trabajo y el deterioro de la calidad de vida. 

También debe destacarse cómo el Alto Comisionado recuerda que la violencia por arma de fuego tiene efectos discriminatorios ya que afecta a comunidades con relación a su condición socioeconómica, además, repercute con frecuencia de manera desproporcionada sobre minorías raciales y étnicas, y, así mismo, formas específicas de violencia cometidas con estas armas, como la violencia de pareja, aflige desproporcionadamente a mujeres y niñas, siendo las armas legales las más usadas en casos de violencia doméstica en la Unión Europea.

En cuanto a la disponibilidad de armas de fuego el documento revela que es elevada para la población civil. Frente a la demanda, el miedo a la victimización se ha convertido, según estudios, en el motivo principal para que los civiles adquieran dichas armas. No obstante, el Alto Comisionado de la ONU dice que “la idea de que las armas de fuego refuerzan la seguridad debe contrastarse con las investigaciones que demuestran que su presencia en los hogares aumenta el riesgo de lesiones para todas las personas que viven en ellos”.

Significativa es la referencia hecha a la responsabilidad que tienen los fabricantes, distribuidores y minoristas por las armas de fuego que llegan al mercado ilícito. A manera de ilustración, el estudio reseña que en Estados Unidos los afectados por violencia con armas de fuego demandaron a fabricantes por suministrar más armas que las que se podían vender en el mercado legal (muchas de ellas con un mayor grado de potencia y letalidad, algo apetecido por los delincuentes) y por la existencia de canales de distribución que eran funcionales a usuarios finales de la delincuencia y a los mercados ilícitos. Por otra parte, la comercialización busca llegar a compradores ‘específicos’, como son los grupos racistas y de extrema derecha: “Parece que en algunos casos los fabricantes e intermediarios de armas de fuego han recurrido a técnicas comerciales para atraer a ideologías racistas y a milicias de extrema derecha”, se lee en el informe.

Finalmente, al recapitular las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas, el Alto Comisionado dijo que es una obligación de los Estados reducir la proliferación de armas de fuego que puedan suponer amenazas directas a la vida o impedir el disfrute del derecho a la vida digna. Así mismo, “los Estados deben abordar la demanda”, expresó. Ello implica que se hagan “intervenciones socioeconómicas integrales, entre otras, para reducir la desigualdad y la discriminación estructural”. Además, adoptar las medidas adecuadas para impedir las prácticas de comercialización que, entre otras, fomenten la demanda de armas de fuego a través de publicidad que distorsiona la relación existente entre armas de fuego y seguridad; igualmente, hizo un llamado para erradicar esa comercialización que promueve el racismo o la violencia. 

Con relación a las empresas, estas deben adoptar políticas de derechos humanos, incluyendo la debida diligencia, para “identificar, evaluar, prevenir y mitigar las consecuencias negativas reales y potenciales sobre los derechos humanos”. El informe también relata cómo los grupos de interés y las asociaciones de industrias de armas de fuego ejercen una amplia presión contra la legislación de control de las mismas, teniendo información la Oficina del Alto Comisionado sobre lo que al parecer es el apoyo de uno de esos grupos a “asociaciones en todo el continente para fomentar un menor control de las armas de fuego”.

Entre las recomendaciones del Alto Comisionado a los Estados, que deben estar muy presentes en el Congreso colombiano y en las elecciones presidenciales en Argentina, podemos destacar: la necesidad de revisar la legislación sobre armas de fuego con el fin de restringir la adquisición, la posesión y el empleo por parte de civiles; incluir en la elaboración, aplicación y revisión de las leyes y políticas sobre armas de fuego a las víctimas de la violencia por estas, a sus representantes y a la sociedad civil; adoptar medidas para reducir el número de armas de fuego en circulación, formulando políticas específicas de amnistía; y adoptar medidas adecuadas para impedir la comercialización mediante anuncios publicitarios que tergiversan la relación existente entre posesión de armas de fuego y seguridad. 

Frente a estas dos últimas recomendaciones en el escenario nacional, la política de paz total apunta a la reducción de las armas de fuego en circulación; de otra parte, deben adelantarse acciones para que los medios de comunicación no presenten las noticias de civiles que evitan con un arma de fuego un robo, como un acto de heroicidad o una apología a la legítima defensa armada; de igual manera, debe regularse la forma como los partidos políticos, congresistas y generadores de opinión difunden estos hechos y otros en sus redes sociales, en tanto no en pocas ocasiones rayan en la promoción de la violación de los derechos humanos y en la incitación a la violencia y al odio contra determinados sectores sociales o grupos poblacionales; algo a lo que parecen inclinarse cada vez más los políticos de derecha en nuestra América.