Las últimas elecciones presidenciales vieron la victoria de Gustavo Petro Urrego, economista, Senador, exalcalde de Bogotá y excombatiente del grupo guerrillero M-19, quien ejercerá su mandato en el período 2022 – 2026. Su triunfo acompañado de la vicepresidencia de Francia Márquez Mina, abogada, activista, feminista y afrodescendiente, que en 2018 ganó el prestigioso premio Goldman de medio ambiente, fue especialmente deseada por los colombianos que la recibieron con numerosas manifestaciones, en calles y plazas, de júbilo y alegría, algo inédito en una elección presidencial en el país. Las expectativas son muy altas y contienen toda la esperanza de una Colombia que confía en el cambio. Muchos de los temas a revisar conciernen precisamente al sector de la protección de los derechos humanos. A continuación, se plantean algunos.

En materia de justicia, hay al menos tres temas de primer orden en los cuales trabajar.

Desde el punto de vista socioeconómico, será importante retomar el tema de la tributación de las bebidas azucaradas y el de la equidad alimentaria para garantizar estándares de calidad de vida y salud que respeten la dignidad humana.

En cuanto al sector tributario, es primordial que los recursos públicos estén regulados por políticas de transparencia y sostenibilidad.

Finalmente, es fundamental que la justicia transicional asegure que quienes cometen delitos sean llevados ante los tribunales y que se protejan los derechos de las víctimas. Esto es clave en un proceso de construcción de paz y justicia en el que será necesario garantizar la convivencia pacífica dentro del territorio mediante la implementación de políticas dirigidas a escuchar a las comunidades locales.

Será importante dar seguimiento a la reforma rural integral y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales que llama a los estados a “respetar, proteger y satisfacer los derechos de los campesinos y otros trabajadores en las zonas rurales [e] intervenir a nivel legislativo, administrativo y otros ámbitos con el fin de lograr progresivamente la plena realización de derechos contenidos en la Declaración que usted no se puede garantizar de inmediato”. Los pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra también entran en esta categoría. Estrechamente relacionado con este tema está la gestión, protección y sostenibilidad del medio ambiente, que es objeto de numerosos acuerdos internacionales. La mencionada declaración, por ejemplo, establece en el artículo 5:

1)  Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienenderecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad que seannecesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible, de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración. También tienen derecho a participar en la gestión de esos recursos.

2) Los Estados adoptarán medidas para que toda explotación que afecte a losrecursos naturales que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonasrurales mantengan o utilicen tradicionalmente solo sea autorizada si, como mínimo:

a) Se ha realizado una evaluación del impacto social y ambiental;

b) Se han celebrado consultas de buena fe de conformidad con el artículo 2,párrafo 3, de la presente Declaración;

c) Se han establecido las modalidades para repartir de manera justa y equitativalos beneficios de la explotación de común acuerdo entre quienes explotan los recursosnaturales y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Además, en septiembre de 2021 se identificó la ambiciosa agenda sobre medio ambiente, cambio climático, resiliencia y biodiversidad como una de las cinco prioridades en el memorando de entendimiento acordado con la Unión Europea.

Evidentemente, la protección de la mujer no puede quedar excluida de la protección de los derechos humanos. La tutela y protección de la mujer es un tema muy complejo y delicado ya que en él conviven diferentes problemáticas. De hecho, incluye la cuestión de la igualdad de género a la que se vincula el problema de la representación igualitaria en los puestos y roles definitivos clave. Luego está el grave e importante problema ligado al tema de la violencia intrafamiliar, una plaga que azota a todo el mundo, pero en particular a Colombia. A pesar de algunas intervenciones importantes como la creación de las Casas de Justicia, es primordial fortalecer estas intervenciones también experimentando con nuevos modelos extrajudiciales importados de algunos contextos legales europeos como el austriaco.

Habrá que abordar también la cuestión relativa al problema de las drogas ilícitas. La política debe apoyar la jurisprudencia creada sobre el tema por la Corte Constitucional, dirigiéndose a la contención de daños y a la promoción de la sustitución, en lugar de a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea o manual de glifosato. La Corte Constitucional con una decisión histórica en efecto ha precisado que: “se desconoció el derecho a la participación de las comunidades campesinas residentes en los municipios donde eventualmente se implementará el programa” y ordenó a la Policía y al Ministerio del Interior “abrir un juicio de consulta previa con las comunidades étnicas”.

Se tendrá que dar seguimiento y vigilancia a lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz sobre la defensa de la seguridad de la vida humana, especialmente en lo que se refiere a los líderes y lideresas sociales, quienes han padecido el recrudecimiento de la violencia. Se recordará, por ejemplo, el asesinato que conmocionó a la opinión pública colombiana hace unos meses de Breiner David Cucuñame, un activista ambiental de 14 años perteneciente a la comunidad indígena Nasa. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2021, “documentó homicidios y ataques de defensores en 28 de los 32 departamentos del país”. Por su parte, el informe de Global Witness del pasado mes de septiembre, según el cual las víctimas más frecuentes de los enfrentamientos entre movimientos armados y civiles son principalmente líderes sociales y medioambientales. Los datos reportados en el informe aclaran que en 2020 Colombia fue el país con mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, muchas veces víctimas también de delitos como desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y amenazas. Los activistas son en su mayoría exponentes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes siempre se han comprometido a proteger los territorios que habitan de las incursiones de grupos armados de diversa procedencia. Obviamente, esto tiende a hacer más vulnerables a estas categorías, lo cual es fundamental tener en cuenta al analizar el panorama colombiano y las violaciones a los derechos humanos que afectan al país desde hace mucho tiempo. Por ello es muy importante trabajar en la superación de las discriminaciones y desigualdades étnico-sociales y en la consolidación material de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, especialmente en la conformación de las entidades territoriales indígenas como entidades político-administrativas, según lo establecido en la Constitución.

También será una prioridad combatir la corrupción con transparencia.

Este mandato dado a Gustavo Petro y Francia Márquez es un hecho inédito en la democracia y la historia republicana del país, y, sobre todo, traza un camino de esperanza en el corazón de los colombianos y se espera que represente un nuevo punto de partida para la protección de los derechos humanos.