Desagradecimiento histórico, ese sentimiento sería imperdonable luego de 30 años de construcción constitucional. Miramos con ojos de “amor romántico” la Constitución Política de 1991, de ahí la poesía que genera o los dolores y las frustraciones que cunden. Pero también podríamos mirarla con ojos críticos, que también son de amor, pero que permiten hacer un balance con matices y colores. Algo de vaso medio lleno y medio vacío, luego de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a uno de los íconos del constitucionalismo democrático en América Latina y del mundo: el texto político de 1991.  Una apuesta que inspiró varios de los cambios constitucionales que se han dado en el continente y que hoy Chile, incluso, mira para su gran reto constitucional actual.  

Y no es para menos, hacer una constitución en medio de esta élite tan acostumbrada a hacer solita la tarea, ya es un gran avance. El gran problema es que la misma élite que se alineó para el cambio con diversos sectores sociales, después se enquistó y, por décadas, no ha dejado el poder ni sus privilegios y ha hecho la misma tarea.  Así, ha afectado al Estado de derecho, el equilibrio de poderes y la “sala de máquinas”, para beneficiar a un pequeño grupo, expulsando a miles a la pobreza, la violencia y a la dependencia de la acción de tutela.

La acción de tutela, lo de mostrar, lo que siempre resaltamos, ha sido el adalid del Estado social de derecho. El presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, señaló que Colombia ha fallado, desde 1992, más de 8.000.000 millones de tutelas, un 70% de ellas para amparo de derechos a la salud y al debido proceso, de las cuales no se han cumplido el 66%. Una Corte que ha tenido que proferir más de 19.000 sentencias de tutela (98% en salas de revisión y el 2%, en salas de unificación), por fortuna alineada, en la mayoría de los casos, con lógicas convencionales y en clave de derechos, pero en otros, como en la SU-095 de 2018, en contra de la democracia local, la consulta popular y la madre tierra. Así dependemos de los jueces transformadores, “cuando los encontramos”, pero no de las bondades propias del Estado social de derecho.

En 1991 se parió una gran constitución, a pesar de sus venenos. Bombas, “fábrica de víctimas”, narcotráfico, mafia, guerrilla, paramilitarismo, corrupción y pobreza, en medio de tantos males, los astros se alinearon. Lo grave es que, a la vuelta de 30 años, no hemos podido superar varios de estos males, más bien se han agravado. Avances tenemos, desagradecidos seríamos con las coberturas en salud, educación, agua potable, entre otros. Por supuesto no se puede decir lo mismo de la calidad ni de su impacto en todo el país, en la Guajira, ni en el Chocó, ni en Catatumbo, ni en lo rural, ni en los territorios del “estado de cosas inconstitucional” ni en la geografía del abandono y de la guerra.

¿Quiénes son culpables de esto?, buscar culpables tampoco es de buen recibo, pero temo señalar que algunos de aquellos que impulsaron el cambio constitucional, han hecho todo lo contrario para seguir con lo mismo: “que cambie todo, para que todo siga igual”.  Una clase política y una élite que trabaja en pro de sus intereses bajo el halo de un Estado democrático. Ya lo había hecho durante varias décadas del Frente Nacional, pues es la misma, pero con nuevo ropaje constitucional, “una sala de máquinas” que aceitan a su acomodo.

Así las cosas, el problema no estaría en la Constitución, no todo, por supuesto. Le falta mucho para ser de mi gusto, más mujeres, más feminismo, más federalismo, más pueblos ancestrales, pluralismo y diversidad, más violeta, rosado y colores del arcoíris, más animales, menos economía de mercado, menos neoliberalismo, más educación pública y salud, más vivienda, más madre tierra y derechos de la naturaleza, más democracia local, más derechos sociales, más seguridad alimentaria, más campesinas (os), más paz, menos militares y guerra, menos racismo y clasismo y más justicia. Más de todo lo bueno que necesita Colombia. Los ojos románticos nos pueden nublar el entendimiento.

Así las cosas, ¿será que no volveremos a tener una octava papeleta, esta sí, impulsada por los que aún después de treinta años de la Constitución de 1991, apenas han tenido voz, a punto de estallido social y de acción de tutela?