Los presupuestos participativos se han convertido en un tema de creciente interés en Colombia por varias razones: a) porque a pesar de que existe una experiencia acumulada de dos décadas en su realización en ciudades y municipios importantes del país, en la Ley 1757 de 2015, estatutaria de la participación, se incorporó una norma de carácter general que consagra al prepuesto participativo como una obligación para las entidades territoriales; b) porque con tal consagración, el presupuesto participativo se erigió en un derecho ciudadano exigible, contenido básico del derecho fundamental de participación política y control ciudadano del ejercicio del poder (artículo 40 de la Constitución); y c) porque el presupuesto participativo puede ser una herramienta muy valiosa para la reparación de las comunidades víctimas del conflicto armado, o como una política de acción afirmativa para sectores sociales en situación de exclusión o discriminación.

No existe una definición única del proceso de construcción del presupuesto con participación de la ciudadanía. En general se trata de experiencias en las cuales la población de un lugar, define o contribuye a definir el destino de todo o una parte de los recursos públicos.

La experiencia de los presupuestos participativos se ha extendido rápidamente. En Colombia ciudades y municipios importantes han acumulado dos décadas de presupuestos participativos, con alcances y metodologías muy variados; todas sin embargo comparten estos elementos comunes:

• El objetivo de profundizar la democracia participativa o directa.
• Se desarrollan mediante la concertación entre la ciudadanía y la administración.
• Los ciudadanos son actores políticos relevantes en la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos públicos.

Esta forma de realizar la presupuestación de los recursos tiene muchas ventajas para los municipios, principalmente en la mejoría de la gestión pública, ya que se tiene mayor acercamiento a las necesidades reales de las personas, se enfoca más acertadamente a la garantía de los derechos, se fortalece la transparencia y se facilita el control social.

“En muchas experiencias el presupuesto participativo es un instrumento para invertir en las prioridades sociales y favorecer la justicia social. Los ciudadanos y las ciudadanas dejan de ser simples observadores para convertirse en protagonistas de la gestión pública, es decir, ciudadanos plenos, activos, críticos y exigentes. En esta Región sobre todo, la ciudadanía tiene una mayor opción de acceso a obras y servicios tales como el saneamiento básico, la pavimentación de calles, la mejora del transporte, las vías de acceso o los centros de salud y educación. A través de su participación, los ciudadanos(as) definen sus prioridades, gracias a lo cual pueden mejorar significativamente sus condiciones de vida, en un tiempo relativamente corto. Además, tienen la posibilidad de controlar y fiscalizar la ejecución del presupuesto” (Pineda: 2006).

El presupuesto participativo cobra una relevancia especial hoy en el país por dos circunstancias: 1) porque ha sido elevado a derecho ciudadano con la ley 1757 de 2015, estatutaria de la participación; y 2) porque es una herramienta que puede ayudar a construir procesos de paz territorial y concebirse a sí misma en un medio de reparación para las comunidades víctimas del conflicto armado.

La democracia participativa fue un discurso fundante de la Constitución de 1991. Sin embargo, luego de 25 años la participación es una promesa incumplida. En el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP firmado en noviembre de 2016, se alcanzó el acuerdo sobre el punto dos relativo a “la participación política: apertura democrática para construir la paz”. Todo el acuerdo busca fortalecer y multiplicar los espacios de participación. Pero la crisis de la participación no se resuelve por muchos espacios de participación, veeduría y de control ciudadano que se creen.

Tres años han pasado desde la expedición de la Ley 1757 de 2015 y existe aún un gran número de municipios (y entes territoriales en general) que no han tomado en serio la obligación de realizar los presupuestos participativos.

Por esta razón, ILSA abre su blog, para que durante este segundo semestre de 2018, las organizaciones sociales volvamos a exigir el derecho ciudadano al presupuesto participativo. Para esto ponemos a disposición de las organizaciones sociales interesadas, varios insumos para la exigibilidad de este derecho, y el blog para intercambiar saberes y experiencias. Esperamos pronto sus comentarios y estaremos atentos a comenzar el dialogo.