El campo está pensado como un mecanismo de respuesta institucional frente a las graves violaciones de los derechos que afectan a mujeres, niños, niñas, jóvenes, grupos étnicos y campesinos, producidas por la guerra, la pobreza, el modelo económico y el orden de “democracia neoliberal”.

Aunque el discurso de los derechos humanos fue incorporado durante la década anterior en las agendas del movimiento popular, las demandas sociales basadas en derechos se han encontrado con dos fuertes obstáculos: por un lado, la tendencia hacia formas autoritarias del Estado; y, por el otro, las reformas neoliberales que han restringido las posibilidades del bienestar colectivo. En ese sentido, el campo de acción representa una respuesta a las tendencias conservadoras que restringen las responsabilidades públicas frente al cumplimiento de los derechos. La exigibilidad de los derechos humanos integrales – desde la perspectiva del análisis, monitoreo, cabildeo e impulso de políticas públicas– se vuelve relevante. Las políticas públicas entendidas como los instrumentos a través de los cuales se realizan los derechos, son un campo para las luchas sociales y para el fortalecimiento de ciudadanías sociales capaces de promover nuevas realidades democráticas.

De manera específica, el campo se ocupa de las posibilidades y límites ofrecidos por los diseños institucionales en materia de planeación y presupuesto, así como de la promoción de formas de participación y autogestión democráticas, tendientes a la materialización de los derechos humanos, en general, y de los DESCA en participar.