El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) no parece desmarcarse de sus antecesores en lo referente a las soluciones propuestas para el campo colombiano. En una columna anterior se abordó su contenido frente a dos aspectos centrales de la ruralidad: la destinación presupuestal y el acceso a la tierra[1]. En esta ocasión, daremos cuenta de la forma en que se presentan otros dos elementos en el PND: a) participación de la población rural y sus organizaciones, y b) reducción de la pobreza y cierre de la brecha urbano-rural.

En relación con la participación de la población rural y sus organizaciones, es mínimo lo que se avanza en el PND. Así, en el artículo 95, se señala que el Gobierno central será el responsable de establecer los mecanismos de intervención integral en territorios rurales y las zonas en las cuales se implementarán, y estipula: “Dichos mecanismos contendrán los lineamientos, criterios, parámetros, temporalidad y financiación para la ejecución de los planes operativos”. Estos últimos se construirán de manera participativa y en coordinación con las autoridades locales, dejando por fuera de las macrodefiniciones a la población rural, que podrá participar solo en los planes para la implementación.

Contrario a esto último, en el caso del cuestionado “subsidio integral de reforma agraria” (art. 96), las políticas y criterios sobre este las determinará de manera exclusiva el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a pesar de entrar a considerarse para su otorgamiento aspectos como localización y priorización. Ausencia de escenarios de participación también se presenta en la formulación del “catastro multipropósito” (art. 99), cuyo fin de contribuir al ordenamiento territorial y la planeación social y económica dejó por fuera a los pobladores.    

Preocupan las facultades extraordinarias para transformar la institucionalidad sectorial (art. 102), que se darán al Presidente y que incluyen la posibilidad de suprimir, liquidar, modificar, derogar o reasignar funciones (¡en seis meses!) a entidades como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) o las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (Umata). Igualmente preocupante es la creación de una Comisión Nacional de Crédito Agropecuario sin representación de los campesinos (art. 103).

Ahora bien, la administración y el recaudo de las contribuciones parafiscales en manos de los gremios agropecuarios y pesqueros (art. 101) pueden presentarse como la cuota de la “mermelada” en el sector rural, única apuesta de “participación” visiblemente definida por el PND. 

En lo correspondiente a la reducción de la pobreza y cierre de la brecha urbano-rural, es inexplicable cómo en el capítulo “Transformación del campo” no hay un articulado en el que se desarrollen claramente estos temas, tal como ocurre con otros aspectos, y se terminen viendo como consecuencias colaterales de políticas dirigidas hacia otros propósitos (como los subsidios para proyectos productivos). Lo anterior, a pesar de tener presupuesto definido en el Plan de Inversiones[2] y de contarse en las undefineds del PND con diagnósticos terribles, entre los que se destacan los siguientes: la incidencia en pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana en ingresos y 2,5 mayor en pobreza multidimensional; el déficit habitacional es del 61,4 % en lo rural contra el 23,7 % en lo urbano; el 84 % de la población rural carece de servicio de alcantarillado, y el 75 % de la población ocupada del área rural tiene un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)[3].   

En las undefineds del Plan se destaca cómo las instancias existentes para fomentar la participación de los agentes locales han tenido un “carácter asesor y no decisorio”, lo que ha llevado a “una desarticulación entre la institucionalidad nacional y la territorial” que no ha permitido agenciar satisfactoriamente el desarrollo rural y agropecuario en las regiones[4]. Las pocas luces sobre participación comunitaria que se dan en el articulado del proyecto de ley permiten concluir que serán mínimos los cambios con respecto a la situación presente, contrariando los avances internacionales que estipulan la participación como derecho del campesinado[5]. Por su parte, la vaguedad en el abordaje y presentación de propuestas para superar las precarias condiciones de vida de los habitantes de la ruralidad lleva a sostener que los campesinos continuarán con “el viejo país”, y que la equidad propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo esta vez tampoco cobijará la ruralidad colombiana[6].