El otro derecho

Con el ánimo de contribuir al entendimiento del sistema agroalimentario actual y de difundir las diferentes alternativas y resistencias al modelo, es que presentamos este número de El Otro Derecho titulado El Sistema agroalimentario: mercantilización, luchas y resistencias en el cual hemos reunido miradas críticas a la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos del capitalismo, así como alternativas a éste y los principales referentes de lucha y resistencia que se están generando actualmente, cuyas bases se encuentran en el campesinado, en la soberanía alimentaria y en la agroecología.

Para la Revista El Otro Derecho y el Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras (IDCARAN), adscrito al Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia es grato entregar a nuestros lectores y lectoras una selección de artículos que dan cuenta de la actualidad de las luchas, debates y búsquedas académicas, políticas y jurídicas que se dan alrededor de la exigibilidad de los derechos sociales y colectivos de las poblaciones afrodescendientes en nuestra Región.

El carácter fundamental del derecho a la consulta previa de los grupos étnicos, reconocido en los convenios, pactos y en la jurisprudencia de los tribunales internacionales, así como en las disposiciones constitucionales y legislativas de algunos países de América Latina, ha sido destacado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, –aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007– como un deber de los Estados, anterior a la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, y correlativo al derecho de estos grupos étnicos a manifestar su consentimiento libre, previo e informado, en el marco de un diálogo intercultural signado por la buena fe.
 

El presente número de nuestra revista institucional El otro derecho, lleva como título “Derecho y estudios socioambientales en el Brasil”. Este trabajo tiene como propósito presentar una serie de artículos acádemicos que, desde diferentes enfoques y perspectivas, buscan analizar los fenómenos sociales y jurídicos que atraviesan los campesinos y las comunidades étnicas, en temas relacionados con la protección de tierras, la biodiversidad, la alimentación y el medio ambiente en el Brasil.

La problemática presentada en este número hace parte de un trabajo que la institución ha venido desarrollando durante más de diez años, de manera sistemática e interdisciplinar y que busca analizar la relación existente entre biodiversidad, sociedad y derecho, desde una mirada integral que promueva la existencia de una vida digna, amparada bajo la protección de los derechos humanos. En este trabajo la institución ha hecho un esfuerzo por mantener un intercambio de conocimiento que se manifiesta en el desarrollo de talleres con académicos, personas y organizaciones a nivel nacional y latinoamericano.

En esta oportunidad, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA - presenta uno de los debates contemporáneos que es abordado desde diferentes ópticas y disciplinas. En efecto, con el reconocimiento del Derecho como un campo que involucra diferentes actores (operadores de justicia), se llama la atención sobre la formación de sus agentes más reconocidos: los abogados.
La formación de estos actores, caracterizada en general como educación legal o jurídica, afronta diferentes análisis que la enmarcan en una situación específica, y según ella demanda asumir ciertos retos o desafíos. Tal complejidad, relaciona tanto aspectos contextuales de formación, del lugar en el cual se desarrolla la educación legal, como discusiones y tensiones propias del Derecho, que  involucra además diferentes visiones de las corrientes del Derecho.

La adopción por parte de los Estados de estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas, impone la obligación de reconocer, proteger y garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, persistiendo esta obligación en todo momento: en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, en tiempos de paz e incluso en contextos de  conflicto armado.
Existe un consenso desarrollado a través de las normas que integran los principios y tratados internacionales, en virtud del cual no es legítimo desconocer ni limitar los derechos de las víctimas en nombre de la paz, ni en nombre de la guerra, ni de la transición, ni de la democracia; teniendo en cuenta que la adopción de versiones limitadas o fragmentadas de los derechos de las víctimas, o la imposibilidad en la aplicación de garantías y mecanismos concretos para lograr la exigibilidad de sus derechos, tienen implicaciones profundas para el restablecimiento de la democracia y para la búsqueda de la paz.