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Una mirada a la historia permite determinar con claridad el verdadero objetivo del BID en su origen y la identidad que, de manera prácticamente inmutable, mantendría hacia adelante. En efecto, en conjugación con el ideal de desarrollo económico moderno –que a la postre no significaría otra cosa que la imposición de esquemas de modernización autoritaria y de modelos hegemónicos de desarrollo–, el BID fue concebido como un mecanismo de contención de las
presiones comunistas, socialistas y progresistas que en la segunda posguerra caracterizaban a América Latina.

Durante los últimos años, al hablar del conflicto armado colombiano se ha vuelto muy importante el tema del abandono forzado y la pérdida de las tierras y demás propiedades de los desplazados, pues éstas han ido a parar a manos de los actores armados, de los narcotraficantes, los terratenientes y los empresarios agrícolas, a través del despojo del patrimonio de muchas familias y comunidades. En la presente cartilla desarrollaremos cuatro módulos que buscan, en conjunto, llamar la atención sobre la importancia del patrimonio de los desplazados y la magnitud de los bienes abandonados o despojados, así como poner sobre el tapete las alternativas legales que existen en materia de protección del patrimonio, y evidenciar los vacíos y las ausencias de normas y procedimientos para la protección de la mayor parte de los bienes que conforman ese patrimonio, con lo cual se sugieren rutas para la acción colectiva en la exigencia de derechos. Los temas son: 1) patrimonio y derechos patrimoniales; 2) calidades y derechos; 3) rutas de protección; 4) reparación integral.

Margarita Flórez
En esta discusión hay un hecho sorprendente que merece subrayarse. Como bien es sabido, hay en el continente dos corrientes políticas contrapuestas. La que proviene de los grupos hegemónicos del capital en Estados Unidos, materializada muy en la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y la que emerge con el ascensa de los llamados gobiernos alternativos. Sin embargo, en lo que toca con la IIRSA, parece registrarse un tácito acuerdo. Desde Lula hasta Chávez, los nuevos gobiernos no han hecho otra cosa que proclamar las bondades de la integración de la infraestructura regional y sobre todo de las grandes obras, incluidas las nacionales. Y han dado pasos efectivos en este sentido. Por el contrario, en los movimientos sociales, a uno y otro lado de la contraposición, no faltan las dudas y hasta las protestas. Pero el camino, desde luego, lo siguen marcando los gobiernos. Es la ideología del desarrollo y el progreso.

José Germán Burgos
La independencia judicial es uno de esos temas sobre los que es fácil llegar a consensos entre posiciones contrapuestas, lo cual no significa que haya sido un tema suficientemente profundizado en lo que hace al análisis de su realización. Por lo general, buena parte de los planteamientos al respecto se quedan en el ámbito normativo y circulan alrededor de la importancia de este principio, de su relación con la debida realización de los derechos humanos, el imperio de la ley etc. El estudio más fáctico de la independencia judicial, por su parte, ha transitado dos vías centrales. De un lado están los análisis que se basan en la presentación de casos de intromisiones indebidas en los ámbitos de acción de la judicatura. Estos tienen ante todo un sentido de denuncia y fundan su diagnóstico en la cantidad y drama de los hechos incluidos. Por otra parte, estarían los trabajos más dedicados al análisis del marco institucional formal que facilita la independencia, es decir, a la indentificación de la existencia y niveles de funcionamiento de ciertos requisitos constitucionales y legales que la hacen posible.

Este Informe presenta un análisis sobre la situación de los DESC en la amazonía colombiana, con base en estudios realizados en la región y de la información recogida directamente de las poblaciones amazónicas, contenida en las relatorías de talleres y foros organizados en los últimos tres años por entidades estatales y privadas. Esta información se utilizó como base para el análisis de las estadísticas oficiales y de otros datos cuantitativos recogidos en estudios parciales de entidades departamentales y de otras entidades privadas que ofrecen confiabilidad. Cabe anotar que las estadísticas disponibles presentan importantes carencias, inconsistencias y contradicciones, debidas a las dificultades que presenta la recolección de información, en una región que se caracteriza por dificultades en la comunicación, pero también por la invisibilidad que han sufrido los departamentos de esta zona.

En el 2003, las organizaciones campesinas afrocolombianas e indígenas realizaron en Bogotá un congreso con asistencia de 5.000 personas y establecieron El Mandato Agrario. Esta plataforma política contiene los catorce puntos que a juicio de las organizaciones participantes son esenciales para solucionar la crisis del campo. El punto siete del Mandato se refiere a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Por iniciativa de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur–Recompas de Tumaco y la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales Campesinas del Putumayo, se lleva a cabo una labor con los productores de coca en sus regiones para proponer alternativas de sustitución de estos cultivos en sus territorios. Este trabajo beneficia a un número estimado de 25.000 familias. ILSA y la Embajada de Suecia apoyan estos procesos. A su vez, ILSA ha procurado la presencia activa de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la comunidad internacional, para la elaboración y posterior realización de planes alternativos de desarrollo para estas regiones orientados a la sustitución de cultivos ilícitos de coca. Esta publicación presenta las experiencias de Tumaco y Putumayo adelantadas en el 2006.

Para entender los problemas de la Indenpencia judicial en Colombia. Resultados del informe final especial preparado sobre la Físcalia geneneral de Colombia. Esta versión, que llega hasta el año 2004, viene siendo actualizada con un nuevo informe a ser entregado a finales de 2008. La Independencia judicial es un asunto muy importante, de forma tal que su defensa supera el interés y accionar de las autoridades y funcionarios juduciales. De un contexto adecuado para la independencia, de un respeto y ejercicio adecuado de la misma, depende la garantía de los derechos, el control al poder político y el respeto a los principios básicos del Estado de derecho. Sin independencia, el poder, estatal y no estatal, tiende a supeditar o abrogar la Constitucion y la leyes a sus intereses grupales o idividuales a mediano y largo plazo.

Esta publicación es resultado de un proyecto de aplicación de metodologías alternativas para la sistematización de experiencias de trabajo por la paz, emprendido por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y la Fundación Léopold Mayer. Los propósitos del proyecto fueron: 1. Visibilizar prácticas, conocimientos y actores sociales que trabajan en la construcción de la paz en Colombia. 2. Poner en práctica una propuesta metodológica para elaborar una memoria de estas prácticas sociales y generar conocimiento. 3. Conformar un colectivo de escritores y escritoras públicos que recogieran y sistematizaran dichas experiencias, a partir de entrevistas con los actores. La reflexión sobre la construcción de la paz en Colombia, desde las dinámicas y eventos colectivos que congregan a diferentes sectores sociales en torno a su consecución, es de especial interés y pertinencia para visibilizar salidas concretas al conflicto que vive el país.