Participación de ILSA en el Encuentro Nacional de Pastoral Rural y de la Tierra

Del 16 al 18 de marzo de 2010 se realizó el Encuentro Nacional de Pastoral Rural y de la Tierra en la Casa de Encuentros en Bogotá. En la mañana del 17 de marzo participaron Fabían Oyaga y Andrea Becerra de ILSA con ponencias sobre garantías jurídicas y derecho sobre la tierra. Las ponencias constituyeron uno de los cuatro ejes de discusión en el encuentro.

Fabián Oyaga, abogado e investigador de ILSA, centró su ponencia en el derecho a la tierra. Planteó que el código civil no tiene en cuenta las relaciones tradicionales y culturales que une al campesino con su territorio. El abogado se pregunta por el rol de los propietarios, quien es el dueño de las tierras: «El escenario jurídico vigente no da respuestas sobre cómo restituir tierras», dijo Oyaga. «Por eso hace falta un nuevo modelo normativo para confrontar el despojo de las tierras y buscar su restitución. Es lo que necesita Colombia», afirmó.

Menos alimentos como consecuencia del despojo

El investigador recordó que el desplazamiento es una consecuencia directa del conflicto armado y que el gobierno niega el despojo de las tierras. «1.500.000 hectáreas de terreno se han dejado de cultivar; por eso en Colombia hay menos arroz, papa, yuca, ñame», relató el abogado – apoyándose en la Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento sobre política pública de Desplazamiento Forzado. Destacó que el 60 por ciento de las personas desplazadas eran de regiones rurales y que el plan de retorno del gobierno Uribe logró que solamente una parte marginal de las familias desplazadas pudiese regresar a sus tierras. El abogado también aseveró que la estrategia paramilitar es de concentración de la tierra. Planteó que las grandes extensiones de campos con cultivo de palma aceitera provocan un drástico cambio de uso del suelo. «Es un mito que el cultivo de palma genera empleo», sostuvo Oyaga. «Para el cultivo de palma se necesita un trabajador, mientras que una platanera requiere tres.»

Control social y político

Andrea Becerra, también abogada e investigadora de ILSA, centró su ponencia en las garantías judiciales de la comunidad desplazada de la vereda el Encanto en el departamento del Magdalena durante el año 1997. La abogada tocó temas como la distribución inequitativa de la tierra, histórica en dicho departamento. Mostró, entre otros aspectos, el control social y político que sufre la población desplazada, la estigmatización, la desarticulación de procesos sociales y la maquinaria de legalización del despojo. Contó que los hombres de la comunidad del Encanto fueron torturados y asesinados en la cancha de fútbol mientras que las mujeres fueron maltratadas en la iglesia. «Los paramilitares querían que los campesinos se olvidaran de sus vínculos con la tierra», dijo Becerra, «por eso las degradaciones y los asesinatos se realizaron en lugares de importancia social para la comunidad». En memoria de lo sucedido hubo una misa para recordar todos los incidentes – también la muerte violenta del cura de la comunidad. De esa manera el vínculo con la iglesia fue restablecido, contó la abogada.

ILSA apoya jurídicamente las organizaciones campesinas del Magdalena en la lucha por el derecho a la tierra y al territorio. Las acciones desde lo jurídico son, entre otras, las denuncias ante la invasión de predios de la vereda el Encanto, la solicitud de protección de predios ante la personería y las comunicaciones dirigidas a los Comités locales y departamentales manifestando la voluntad de retornar y solicitando apoyo al proceso de retorno. ILSA busca aportar elementos que permitan un regreso digno y seguro, así como monitorear la no repetición de desplazamiento forzado y del despojo. En proceso está la declaración de caducidad administrativa de las resoluciones mediante las cuales se les revocaron los títulos de adjudicación a los miembros del Comité de Desplazados de la Vereda El Encanto.

Preguntas y respuestas

Después de las ponencias los participantes del encuentro se organizaron en diferentes grupos para formular colectivamente una pregunta dirigida a los dos abogados. A continuación se presenta una compilación de las principales preguntas y respuestas:

¿Qué acciones están adelantando las comunidades víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios en defensa de su derecho a la tierra?
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se ha definido una de las ocho estrategias en la lucha contra la impunidad: la propuesta de «Catastro Alternativo del Despojo», orientada a la exigibilidad del derecho a la reparación integral de los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y los grupos étnicos.

¿Cómo puede contribuir la Pastoral Rural de la Tierra en el acompañamiento de estos procesos?
Dando continuidad al apoyo a los procesos organizativos mediante los cuales los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos están desarrollando diferentes propuestas para exigir su derecho a la tierra y al territorio.

¿Cuáles podrían ser los aportes de la Iglesia, y específicamente de la Pastoral Rural de la Tierra, en el actual proceso de reformulación de la política pública en materia de tierras?
En el marco del proceso de reformulación de la política pública en materia de tierras, la iglesia podría contribuir aportando los fundamentos y los criterios éticos y morales que respaldan las demandas sociales de redistribución de la tierra y de exigibilidad del derecho a la reparación integral de las tierras y territorios despojados a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.

De los talleres surgen nuevos casos para ILSA

Finalmente, los integrantes del encuentro también aprovecharon el almuerzo común para hacer preguntas individuales a Becerra y Oyaga. «De esos encuentros informales suelen surgir nuevos casos a examinar», explica Becerra. Como primer paso, esos casos son discutidos en talleres. En la mañana del 17 de marzo los diferentes ponentes subrayaron que la iglesia no se puede comportar de manera neutra en relación con la problemática del desplazamiento forzado y el despojo. Se destacó que la iglesia tiene una misión política ante los acontecimientos que se repiten a diario en el país.

Según el comunicado del Secretariado Nacional de Pastoral Social el objetivo del encuentro fue «fomentar el debate y la reflexión sobre la situación, uso y tenencia de la tierra, para reconocer su función social e incidencia en el desarrollo de las poblaciones rurales». Dado que uno de los principales problemas del conflicto armado es la disputa por tierras y territorios, el encuentro buscó concretar las opciones y los compromisos de la iglesia católica colombiana sobre el tema rural realizados en el marco de la LXXV Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano.

Rosmarie Schoop, Comunicaciones ILSA