“Una política de restitución de tierras debe enmarcarse dentro del deber del Estado, la sociedad y en los victimarios”

Yamile Salinas Abdala es consultora independiente. Ha trabajado con diferentes temas relacionados con restitución de tierras y reparación integral de grupos étnicos en conjunto con la Procuraduría, la Comisión de Seguimiento de la sentencia T 025 de 2004 y el Programa por La Paz. También es consul- tora del Grupo de Memoria Histórica y de diversas organizaciones no gubernamentales.

¿Cómo percibe la situación del desplazado en Colombia?

La situación del desplazado en Colombia es aún muy compleja, no se ha levantado el estado de cosas de inconstitucionalidad que declaró la Corte Constitucional, hay muchas expectativas sobre lo que va suceder con los desplazados, pero yo diría que aún no existen rutas claras de como se les va a reparar, a restituir sus derechos y a estabilizar nuevamente en la sociedad.

¿Considera que la restitución es un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de vida del desplazado?

Yo diría que lo eficiente es la reparación integral, la que incluye la restitución de los bienes a las personas que han sido víctimas del desplazamiento. Pero la sola restitución, como está prevista en las políticas en discusión, no creo que mejore las condiciones de vida de las víctimas del destierro. Existen experiencias significativas sobre el fracaso del incipiente proceso de la reforma agraria que consistió en entregar tierras, pero sin dar ayudas, sin establecer canales de comercialización, sin asistencia técnica - y por eso fracasó. Lo mismo podría suceder con la restitución.

¿Cuáles son los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para crear una política de restitución de tierras?

Una política de restitución de tierras debe enmarcarse dentro del deber del Estado, de la sociedad y de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. No puede ser aislada la restitución, tiene que acompañarse con la indemnización y la compensación por los daños producidos, con el tratamiento psicológico y médico que requieren las víctimas, y con políticas claras de no-repetición de las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, particularmente el desplazamiento, el destierro y el expolio de las tierras. Adicionalmente una política de restitución exige verdad y justicia, esto demanda saber ¿Quiénes fueron los que desplazaron directa- o indirectamente?, ¿Quiénes se beneficiaron? y, por supuesto judicializar y sancionar a todos los responsables, sean legales o ilegales.
Una política de restitución sin verdad y justicia fomenta el despojo y el desplazamiento. Van más de 50 víctimas asesinadas por reclamar la restitución de sus tierras debido a que los causantes del despojo, directos e indirectos, legales o ilegales, todavía siguen en las zonas y controlan las tierras y los territorios.

En su documento “Elementos mínimos de un modelo rural incluyente” se afirma que una de las dificultades para crear políticas públicas integrales es la falta de datos actualizados. Frente a este tema ¿Qué estrategias se han creado para superar esta dificultad? ¿Cómo se ha hecho para la distribución de las tierras?

El tema que yo sostengo en diferentes estudios es que para hacer una política hay que saber cuál es el universo que vamos a atender. Según CODHES hay 5,1 millones de personas desplazadas, de esas más o menos el 50% abandonaron tierras y se estima que las tierras abandonadas oscilan entre 6.5 millones a más de 8 millones de hectáreas según la Comisión de Seguimiento y Acción Social, respectivamente.
Pero no basta con saber la cifra, tenemos que saber quién es la víctima, cuál era la relación que tenía con el bien: si era propietario, poseedor, ocupante de baldíos o tenedores. Esto se hace más necesario cuando se trata de mujeres. Tenemos que identificar ¿Cuáles son las mujeres afectadas? , ¿Dónde están?, reencontrarlas, preguntarles si quieren o no quieren retornar, si quieren o no quieren que se les devuelvan los bienes y en eso aún no hemos avanzado. Hay unos intentos importantes como el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social que permitió conocer un universo de víctimas no en todo el país, sino en algunas zonas donde lograron trabajar. En el registro de tierras abandonadas se evidencia quien abandonó tierras, la relación con ellas, las características de los predios abandonados o despojados y, en algunos casos se sabe el estado en que se encuentran.

¿Cómo es el nivel de información?

La gran mayoría de las víctimas del desplazamiento no sabe cómo están sus tierras. La tercera encuesta de la Comisión Nacional de Seguimiento de la T-025 de 2004 refleja que los desplazados no saben si las tierras están en manos de terceros, si en ellas se adelantan proyectos de desarrollo o si continúan abandonadas. La falta de información también obedece a factores estructurales. Las oficinas de catastro no se relacionan con las oficinas de Notariado y Registro, no hay un número que identifique una persona con un bien. Adicionalmente el Estado no sabe cuáles son los baldíos que tiene, tampoco sabe el estado en que se encuentran, ni los predios que ha adjudicado. Es decir no existe un inventario de tierras estatal.
Esta desinformación favorece que exista el desplazamiento, despojo y la legalización del mismo. El proyecto de ley prevé crear un nuevo registro: el registro único de tierras despojadas. Pero de ahí surge la inquietud si se avanzó someramente en el proyecto de protección de tierras abandonadas ¿Porqué la política no se dirige por lo menos a atender en su etapa inicial a esas víctimas que tienen rostro, cédula y están identificadas? Ahora vamos a inventarnos un nuevo registro. Entonces la víctima que le ha tocado ir a Acción Social para que la reconozcan como desplazada, a la Procuraduría, y al Comité de Atención a la Población Desplazada para poder solicitar la medida de protección de sus bienes, ahora le tocará gestionar que se la incluya en el nuevo sistema de víctimas y en el registro de tierras despojadas. Con ello solo se logrará re-victimizar aun más a los afectados por el destierro.

¿Cuáles son los mínimos que debe contener la reforma agraria?

Hablar de reforma agraria en el país, parece obsoleto, nadie habla ya de reforma agraria. Yo diría que en lo que debemos avanzar es en cumplir los mandatos de la Constitución propios de un Estado Social de Derecho. Ello implica un reparto justo y equitativo de la riqueza, que incorpora redistribuir equitativamente las tierras. En este país siempre han existido terratenientes y latifundistas. Sin embargo, como lo demuestran los estudios de Ana María Ibáñez, del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, el fenómeno de la concentración de la tierra se agudizó en el periodo 2000 – 2009. La pregunta que demanda una política integral de tierras que incluye la restitución es ¿Quién tiene las tierras? A mi juicio, un porcentaje de tierras abandonadas y despojadas las tienen los ilegales, paramilitares y las guerrillas. Pero hay un porcentaje que está en manos de legales. Prueba de ello es que en el proyecto de ley de víctimas se incluyen como causales de no-restitución los proyectos mineros y agroindustriales, para estos últimos se incorpora la figura de derecho a la superficie.

La inequitativa concentración es también resultado de inversiones de grandes grupos económicos, nacionales y foráneos, que han diversificado sus actividades y desarrollan proyectos de gran escala. La empresa Manuelita S.A., por ejemplo, tiene cerca de 50.000 hectáreas de tierras, propias, alquiladas y en alianzas productivas, en el suroccidente y en la Orinoquia con cultivos de caña y palma para la producción de azúcar y de agrocombustibles. Por su parte, la empresa brasilera MPX extrae carbón de cerca de 100 mil hectáreas en Cesar y La Guajira. Es decir, además de concentración de tierras, existe concentración en su uso. Sin una respuesta clara y precisa sobre quien tiene la tierra y para qué se quiere la tierra es imposible adelantar una política de redistribución y restitución en Colombia.

Cindy Paola Villa, Comunicaciones ILSA