Portavoz no. 7, agosto de 2007
Editorial
Sobre la Ley de Justicia y Paz: una mirada crítica
Cada día se revela con más detalle que la ley 975 de 2005, el marco legal para la desmovilización de los grupos paramilitares y su reintegración a la sociedad, no refleja un equilibrio entre los requerimientos de la justicia y los de la paz. Más bien, se confirman los temores más profundos de los críticos de la ley mencionada: no hay verdad, justicia ni reparación para las víctimas.
Por Jorge Carvajal, director ejecutivo de ILSA
La Ley de Justicia y Paz y las víctimas
Fortalecer la posición de las víctimas
Para Iván Cepeda, la Ley de Justicia y Paz es “una farsa” que favorece a los paramilitares, en detrimento de las víctimas. Para fortalecer la posición de estas últimas, pide, entre otras cosas, la constitucionalización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición de la estrategia paramilitar.
Entrevista con Iván Cepeda, activista de derechos humanos y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Fallo de la Corte Suprema de Justicia
No asimilar el paramilitarismo al delito político
¿Pueden las actividades paramilitares incluirse en el tipo penal de “delito político” o “sedición”? El fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado 11 de julio en el proceso contra el paramilitar Orlando César Caballero Montalvo niega determinantemente esta posibilidad. A propósito de este caso, este artículo aborda la larga discusión sobre esta pregunta.
Por Andrea Becerra, investigadora de ILSA
Presencia paramilitar en Colombia
La violencia de los paramilitares no ha cesado
A pesar del supuesto éxito de la desmovilización de los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, varios líderes de organizaciones de población desplazada han sido asesinados en 2007, presuntamente en manos de las autodefensas. Por esta razón, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional acaba de ordenar al Estado la adopción de medidas especiales de protección en favor de representantes de estas organizaciones.
Por Fabián Oyaga, investigador de ILSA
La Ley de Justicia y Paz
Una ley en favor de los paramilitares
La Ley de Justicia y Paz no corresponde de ninguna forma a su nombre prometedor: es una ley creada para los victimarios y en ningún momento se ha pensado para resarcir los daños y beneficiar a las víctimas, aunque así lo describan en sus discursos los representantes del gobierno.
Por Germán Augusto Bernál Carrión, politólogo
La Ley de Justicia y Paz en el Distrito Judicial de Medellín
Ni justicia, ni verdad, ni reparación
En Medellín se demuestra la pobre contribución de la ley 975 en el esclarecimiento de los crímenes de los paramilitares y para que se haga justicia a las víctimas y haya reparación integral. Allí reina la impunidad y las víctimas siguen perdiendo.
Por Luís Fernando Madrigal González, abogado
Verdad, Justicia y Reparación
Debate sobre alcances y concreciones
En los procesos de paz o transición a la democracia es necesario que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación sean efectivamente reconocidos, protegidos y garantizados. A pesar de que los objetivos de estos tres bienes jurídicos han conquistado una cierta legitimidad en los organismos y el derecho internacional, sus alcances y concreciones son objeto de debate permanente.
Por Javier Giraldo M., S. J.
A propósito de la desmovilización
¿Tiene la verdad efecto reparador?
Se requiere toda la verdad, para que ella pueda ser reparadora; no importa lo dolorosa, cuestionadora e incriminadora que resulte, ni cuanto tiempo demande. Es poco probable desenmascarar en el corto plazo los crímenes y las causas que les subyacen. En la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el derecho a la verdad quedó limitado a los relatos parciales, incompletos y voluntarios que, a nivel individual y en el marco de un precario proceso judicial, realicen quienes se han acogido a los beneficios de la desmovilización.
Por Fernando Jiovani Arias, director de la Fundación Dos Mundos
Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “ La Rochela ”
En mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por acción y omisión en la masacre de “ La Rochela ”, ocurrida en enero de 1989, en el departamento de Santander. Determinó que Colombia violó los derechos a la libertad y a la integridad personal, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La demanda fue presentada ante la Corte por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).
Por Reinaldo Villalba, presidente CCAJAR
.jpg)
