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El referéndum de Catalunya del próximo domingo formará parte de la historia de Europa y ciertamente por las peores razones. No voy a abordar aquí las cuestiones de fondo que, según las diferentes perspectivas, pueden leerse como cuestión histórica, cuestión territorial, cuestión de colonialismo interno o como una cuestión más amplia de autodeterminación. Son las cuestiones más importantes sin las cuales no se comprenden los problemas actuales. Sobre ellas tengo una modesta opinión. Es una opinión que muchos considerarán irrelevante porque, siendo portugués, tengo tendencia a tener una solidaridad especial con Catalunya. En el mismo año en que Portugal se liberó de los Felipes, 1640, Catalunya fracasó en los mismos intentos. Por supuesto que Portugal era un caso muy diferente, un país independiente hace más de cuatro siglos y con un imperio que se extendía por todos los continentes. Pero, a pesar de ello, había cierta afinidad en los objetivos y, además, la victoria de Portugal y el fracaso de Catalunya están más relacionados de lo que se puede pensar. Tal vez sea bueno recordar que la Corona española solo reconoció la “declaración unilateral de independencia” de Portugal veintiséis años después.

Sucede que, siendo estas las cuestiones más importantes, lamentablemente en este momento no son las más urgentes. Las cuestiones más urgentes son las cuestiones de la legalidad y la democracia. Me ocupo aquí de ellas por ser del interés de todos los demócratas de Europa y del mundo. Tal como fue decretado, el referéndum es ilegal a la luz de la Constitución vigente del Estado español y, como tal, en una democracia, no puede tener ningún efecto jurídico. Por sí mismo no puede decidir si el futuro de Catalunya está dentro o fuera España. Podemos tiene razón al declarar que no acepta una declaración unilateral de independencia. Pero la complejidad emerge cuando se reduce la relación entre lo jurídico y lo político a esta interpretación.

En las sociedades capitalistas y profundamente asimétricas en que vivimos, siempre hay más de una lectura posible de las relaciones entre lo jurídico y lo político. La oposición entre ellas es lo que distingue una posición de izquierda de una posición de derecha frente a la declaración unilateral de independencia. Una posición de izquierda sobre las relaciones entre lo jurídico y lo político, entre la ley y la democracia, se basa en los siguientes supuestos. Primero: la relación entre ley y democracia es dialéctica y no mecánica. Mucho de lo que consideramos legalidad democrática en un determinado momento histórico empezó por ser ilegalidad como aspiración a una mejor y más amplia democracia. Hay, pues, que dar mucha atención a los procesos políticos en toda su dinámica y amplitud y nunca reducirlos a su coincidencia con la ley del momento.

Segundo: los gobiernos de derecha, sobretodo de la derecha neoliberal, no tienen ninguna legitimidad democrática para declararse defensores de la ley, dado que sus prácticas se asientan en violaciones sistemáticas de la ley. No hablo de la corrupción endémica. Hablo, por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica, de los Estatutos de autonomía en lo que se refiere a la financiación e inversión pactada con las Comunidades Autónomas, del cumplimiento fáctico de derechos reconocidos constitucionalmente, como el derecho a la vivienda, del recurso a políticas de excepción sin previa declaración constitucional. En estas condiciones la apelación del gobierno neoliberal al Estado de derecho es siempre una apelación disfrazada a un Estado de derechas. La izquierda debe cuidarse de no tener la menor complicidad con esta concepción oportunista de la ley.

Tercero: la desobediencia civil y política es un patrimonio inalienable de la izquierda. Sin ella, por ejemplo, no habría sido posible hace unos años el movimiento de los indignados y las perturbaciones que causó en el orden público. Desde la izquierda, la desobediencia debe ser igualmente juzgada dialécticamente, no por lo que es ahora, sino como una inversión en un futuro mejor. Este juicio sobre el futuro debe ser hecho no solamente por los que desobedecen (normalmente pagan un precio alto por ello), sino también por todos los que podrán beneficiarse de ese futuro mejor. O sea, la pregunta es si del acto de desobediencia se puede deducir con gran probabilidad que su dinámica es conducir a una comunidad política más democrática y más justa en su conjunto y no solamente para los que desobedecen.

Cuarto: el referéndum de Catalunya configura un acto de desobediencia civil y política y, como tal, no puede tener directamente los efectos políticos que se propone. Pero esto no quiere decir que no pueda tener otros efectos políticos legítimos e incluso que pueda ser la condición sine qua non para que los efectos políticos pretendidos se obtengan en el futuro mediante futuras mediaciones políticas y jurídicas. El movimiento de los indignados no logró realizar sus propósitos de “¡democracia real ya!”, pero no cabe duda de que, gracias a él, España es hoy un país más democrático. La emergencia de Podemos, de otros partidos de izquierda autonómica y de las mareas ciudadanas son, entre otras, prueba de eso mismo.

A partir de estos presupuestos, una posición de izquierda sobre el referéndum de Catalunya podría consistir en lo siguiente. En primer lugar, declarar inequívocamente que el referéndum es ilegal y que no puede producir los efectos que se propone (declaración hecha). En segundo lugar, declarar que ello no impide que el referéndum sea un acto legítimo de desobediencia y que, aun sin tener efectos jurídicos, el pueblo de Catalunya tiene todo el derecho a manifestarse libremente en el referéndum (declaración omitida). Y que esta manifestación constituye en sí misma un acto político democrático de gran transcendencia en las actuales circunstancias.

La segunda declaración sería la que realmente distingue una posición de izquierda de una posición de derecha. Y tendría las siguientes implicaciones. La izquierda denunciaría al Gobierno español en las instancias europeas y lo demandaría judicialmente ante los tribunales europeos por violar la Constitución al aplicar medidas de estado de excepción sin pasar por su declaración legal. La izquierda sabe que la complicidad de Bruselas con el Gobierno español se debe exclusivamente al hecho de que España está gobernada en estos momentos por un gobierno de derecha neoliberal. Y también sabe que defender la ley sin más es moralista y sin ningún efecto, pues, como afirmé arriba, bien sabemos que la derecha neoliberal (como la que está ahora en el poder en España) solo respeta la ley (y la democracia) cuando sirve a sus intereses. La izquierda social y política se organizaría para viajar en masa y desde todas las regiones del Estado español a Catalunya el domingo para apoyar presencialmente en las calles y plazas a los catalanes en el ejercicio pacífico de su referéndum y ser testigo presencial de la eventual violencia represiva del Gobierno español. Buscaría la solidaridad de todos los partidos de izquierda de Europa, invitándolos a viajar a Barcelona y a ser observadores informales del referéndum y de la violencia, en caso de que esta se produjera. Se manifestaría pacífica e indignadamente (repito, indignadamente) por el derecho de los catalanes a un acto público pacífico y democrático. Documentaría minuciosamente y presentaría queja judicial de todos los actos de violencia represiva. Si el referéndum resultara violentamente impedido, quedaría claro que lo habría sido sin ninguna complicidad de la izquierda.

Al día siguiente del referéndum, cualquiera que fuera el resultado, la izquierda estaría en una posición privilegiada para tener un papel único en la discusión política que se seguiría. ¿Independencia? ¿Más autonomía? ¿Estado federal plurinacional? ¿Estado libre asociado distinto de la caricatura que trágicamente representa Puerto Rico? Todas las posiciones estarían sobre la mesa y los catalanes sabrían que no necesitarían las fuerzas de derecha locales, que históricamente siempre se coludieron con el gobierno central contra las clases populares de Catalunya, para hacer valer la posición que la mayoría entendiera ser mejor. Es decir, los catalanes, los europeos y los demócratas del mundo conocerían entonces una nueva posibilidad de ser de izquierda en una sociedad democrática plurinacional. Sería una contribución de los pueblos y naciones de España a la democratización de la democracia en todo el mundo.

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El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo - ILSA, apoya al doctor Camilo Castellanos quien fuera director de nuestra organizacion entre 1998 y 2006 en 2006 en su aspiracion, invitamos a los defensores y defensoras de DDHH para que le acompañen.

La dominación social, política y cultural siempre es el resultado de una distribución desigual del poder en cuyos términos quien no tiene poder o tiene menos poder ve sus expectativas de vida limitadas o destruidas por quien tiene más poder. Esta limitación o destrucción se manifiesta de diferentes maneras: desde la discriminación hasta la exclusión, desde la marginación hasta la liquidación física, psíquica o cultural, desde la demonización hasta la invisibilización. Todas estas formas pueden reducirse a una sola: la opresión. Cuanto más desigual es la distribución del poder, mayor es la opresión. Las sociedades con formas duraderas de poder desigual son sociedades divididas entre opresores y oprimidos. La contradicción entre estas dos categorías no es lógica, sino más bien dialéctica, ya que ambas forman parte de la misma unidad contradictoria.

Los factores que están en la base de la dominación varían de época a época. En la época moderna, digamos, desde el siglo XVI, los tres factores principales han sido: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. El primero es originario de la modernidad occidental, mientras que los otros dos existían antes pero fueron reconfigurados por el capitalismo. La dominación capitalista se basa en la explotación del trabajo asalariado por medio de relaciones entre seres humanos formalmente iguales. La dominación colonial se basa en la relación jerárquica entre grupos humanos por una razón supuestamente natural, ya sea la raza, la casta, la religión o la etnia. La dominación patriarcal implica otro tipo de relación de poder pero igualmente basada en la inferioridad natural de un sexo o de una orientación sexual.

Las relaciones entre los tres modos de dominación han variado a lo largo del tiempo y del espacio, pero el hecho de que la dominación moderna se asiente en los tres es una constante. Al contrario de lo que vulgarmente se piensa, la independencia política de las antiguas colonias europeas no significó el fin del colonialismo, significó la sustitución de un tipo de colonialismo (el colonialismo de ocupación territorial efectiva por una potencia extranjera) por otros tipos (colonialismo interno, neocolonialismo, imperialismo, racismo, xenofobia, etc.). Vivimos en sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales. Para tener éxito, la resistencia contra la dominación moderna tiene que basarse en luchas simultáneamente anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. Todas las luchas tienen que tener como objetivo los tres factores de dominación, y no solo uno, aunque las coyunturas puedan aconsejar que incidan más en un factor que en otro.

El siglo XX fue de los siglos más violentos de la historia, pero también se caracterizó por muchas conquistas positivas: desde los derechos sociales y económicos de los trabajadores hasta la liberación e independencia de las colonias, desde los movimientos de los derechos colectivos de las poblaciones afrodescendientes en las Américas y de los pueblos indígenas hasta las luchas de las mujeres contra la discriminación sexual. Sin embargo, a pesar de los éxitos, los resultados no son brillantes. En las primeras décadas del siglo XXI atravesamos incluso un período de reflujo generalizado de muchas de las conquistas de esas luchas. El capitalismo concentra la riqueza más que nunca y agrava la desigualdad entre países y dentro de ellos; el racismo, el neocolonialismo y las guerras imperiales asumen formas particularmente excluyentes y violentas; el sexismo, a pesar de todos los éxitos de los movimientos feministas, sigue ejerciendo violencia contra las mujeres con una persistencia inquebrantable.

Un diagnóstico correcto es condición necesaria para salir de esta aparente estasis histórica. Sugiero varios componentes principales del diagnóstico. El primero reside en que, mientras que la dominación moderna articula siempre capitalismo con colonialismo y patriarcado, las organizaciones y movimientos que vienen luchando contra ella siempre han estado divididas, cada una privilegiando uno de los modos de dominación y descuidando, o incluso ignorando, el resto, y cada una defendiendo que su lucha y su forma de lucha es más importante. No sorprende, así, que muchos partidos socialistas y comunistas, que lucharon (cuando lucharon) contra la dominación capitalista, hayan sido durante mucho tiempo colonialistas, racistas y sexistas. Del mismo modo, no sorprende que movimientos nacionalistas, anticoloniales y antirracistas hayan sido capitalistas, procapitalistas y sexistas, y que movimientos feministas hayan sido conniventes con el racismo, el colonialismo y el capitalismo. De este hecho histórico resulta claro que los avances serán escasos si la dominación continúa unida y la oposición desunida.

El segundo componente tiene que ver con el modo en que se organizaron las resistencias anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Trabajadores, campesinos, mujeres, personas esclavizadas, pueblos colonizados, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, poblaciones discriminadas por la discapacidad o por la condición u orientación sexual recurrieron a muchas formas de lucha, unas violentas, otras pacíficas, unas institucionales, otras extrainstitucionales. A lo largo del siglo pasado, esas múltiples formas se fueron condensando en partidos políticos, movimientos de liberación y movimientos sociales, y, salvo algunas excepciones, fueron dando preferencia a la lucha institucional y no violenta. El régimen político que se impuso como la mejor respuesta a estas opciones fue la democracia de origen liberal, la democracia actualmente existente. Ocurre que la potencialidad de este tipo de democracia para responder a las aspiraciones de las poblaciones oprimidas siempre fue muy limitada y las limitaciones se fueron agravando en tiempos más recientes. El modelo que más desarrolló esa potencialidad fue la socialdemocracia europea, y su mejor momento (conseguido, en buena medida, a costa del colonialismo y el neocolonialismo, o sea, de las relaciones económicas desiguales con las colonias y las excolonias), está hoy bajo ataque, no solo en Europa, sino también en todos los países que buscaron imitar su espíritu moderadamente redistributivo para reducir las enormes desigualdades sociales (Argentina, Brasil, Venezuela).

En todas partes, la democracia de baja intensidad está siendo cercada por fuerzas antidemocráticas y, en algunos países, va transitando hacia dictaduras atípicas, muchas veces basadas en la destrucción de la separación de poderes (desde Brasil a Polonia y Turquía) o en la manipulación de los sistemas mayoritarios (fraude electoral sistemático, como en México, sistemas electorales que no garantizan la victoria del candidato más votado, como Hillary Clinton en Estados Unidos). Sabíamos que la democracia se defiende mal de los antidemócratas pues, de otro modo, Hitler no habría ascendido al poder por vía de las elecciones. Y nótese que, si bien de modo fraudulento, su partido ostentaba la palabra “socialismo” en su nombre. Hoy, la democracia está siendo secuestrada por fuerzas económicas poderosas (bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, agencias de calificación de crédito) no sujetas a ninguna deliberación democrática. Y las imposiciones pueden ser legales (¿y legítimas?): intereses de deuda pública, imposición de tratados de libre comercio, políticas de austeridad, rules of engagement de las multinacionales, control corporativo de los grandes medios de comunicación; e ilegales: corrupción, tráfico de influencias, abuso de poder, infiltración en las organizaciones democráticas, incitación a la violencia.

La democracia es hoy servidora de los intereses imperiales, cuando no directamente uno de sus instrumentos. Para imponerla se destruyen países enteros, sean ellos Irak, Libia, Siria o Yemen. Está bien documentada la intervención imperialista para desestabilizar procesos democráticos dotados de algún ánimo redistributivo y animados por algún posicionamiento nacionalista para protegerse del mercado internacional depredador de recursos estratégicos, sean ellos petróleo, minerales o, de modo creciente, tierra o agua. Esta desestabilización se nutre siempre de los errores, a veces graves, de los gobiernos nacionales (algunos considerados progresistas) y cuenta con la activa complicidad de las oligarquías que dominaron estos países. La descaracterización de la democracia es tal que ya se habla hoy de posdemocracia, un nuevo régimen político basado en la conversión de los conflictos políticos en conflictos mediáticos minuciosamente gestionados por técnicos de publicidad y comunicación, y últimamente apoyados por la posverdad mediática de las fake news.

El tercer componente del diagnóstico tiene que ver precisamente con los errores de los gobiernos nacionales. ¿Por qué se equivocan con tanta frecuencia, sobre todo cuando son considerados gobiernos progresistas? Son muchos los factores: no hay alternativas anticapitalistas creíbles y las conquistas contra el colonialismo, el racismo o el sexismo parecen depender de que no interfieran con la dominación capitalista; una vez obtenido el poder de gobierno, las fuerzas progresistas se comportan como si tuviesen, además de aquel, el poder económico, social y cultural que se reproduce en la sociedad en general, y con eso deja de reconocerse la gravedad o incluso la existencia de antagonismo de clases, razas y sexos; las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado son siempre concebidas como si se buscara eliminar los “excesos” de estos modos de dominación, y no su fuente. De tal “autocontención”, voluntaria o impuesta, devienen dos consecuencias fatales.

La primera es tolerar o incluso promover un sistema de educación que fomenta los valores y las subjetividades que sustentan el capitalismo y las relaciones coloniales, racistas y sexistas. La segunda es negarse a imaginar (o ignorar cuando ocurren) formas alternativas de organizar la economía, concebir la democracia, organizar el Estado, practicar la dignidad humana, dignificar la naturaleza, promover formas de sentir y de ser solidarias, sustituir cantidades y gustos infinitos por la proporcionalidad, dejar de lado euforias desarrollistas en beneficio de límites justos y fruiciones comedidas, promover la diferencia y la diversidad con la misma intensidad con la que se promueve la horizontalidad. Al presentarse como fatales, estas dos consecuencias son inhumanas. Por la simple razón de que ser humano es no ser plenamente humano. Es no tener que ser para siempre lo que se es en un determinado contexto, tiempo o lugar.


En Colombia, las afectaciones por el uso de los pesticidas aún no reciben la atención que merecen, ni en los medios de comunicación, ni en la agenda nacional de políticas públicas. Nos presentan a los pesticidas en un imaginario donde afirmativamente son un problema, pero un problema delimitado a áreas rurales, y que definitivamente tienen impacto negativo, pero lo estarían recibiendo poblaciones no humanas, como las abejas y otros polinizadores. Sin embargo, Hilal Helver, la Relatora Especial para el Derecho a la Alimentación, presentó recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe dedicado a visibilizar la amenaza que representa el uso indiscriminado de pesticidas agrícolas a los Derechos Humanos. El documento compila evidencia científica e información primaria recolectada de gobiernos de diferentes países, y revela que los pesticidas estarían amenazando nuestras probabilidades de vivir sanamente a corto y largo plazo, sin soluciones reversibles en materia de salud pública y ambiental, si no empezamos a fortalecer alternativas desde ahora.

Los pesticidas como amenaza a los Derechos Humanos

Según la Organización de las Naciones Unidas los pesticidas usados en la producción de alimentos pueden definirse como “sustancias con ingredientes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o a regular el crecimiento de las plantas”. La agricultura industrial intensiva justifica el uso de estas sustancias como una herramienta efectiva para alcanzar a producir el suficiente alimento para abastecer la demanda de un mundo cada vez más poblado. Argumento que es parcializado y a la vez engañoso: si bien es cierto que la producción agrícola intensiva ha tenido incrementos sin precedentes, un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se van a la basura, misma proporción de la producción mundial de cereales que se usa para alimentar la ganadería intensiva, mientras las cifras de hambre siguen aumentando: actualmente son casi 800 millones de personas que se encuentran en estado total de desnutrición. Entre tanto, dicho modelo intensivo ha estado funcionando tóxicamente a costa de la salud humana y el ambiente.

Traslademos el escenario al espacio personal. Resulta que a pesar de que lavemos y cocinemos los alimentos para eliminar los niveles de residuos tóxicos, la preparación de algunos de ellos en ocasiones puede aumentar esos niveles. La discusión es más allá de la sanidad del alimento porque estamos en constante exposición no solo a través de lo que consumimos, también a través del agua y hasta del aire. En su reporte, Helver expone que en los peores casos, las consecuencias de salud ante la toxicidad con pesticidas se han vinculado al cáncer, al Alzheimer y al Parkinson, a trastornos hormonales, a problemas de desarrollo y a la esterilidad. También se les atribuye su vinculación con efectos neurológicos, como pérdida de memoria y de coordinación o reducción de la capacidad visual o motriz. Otros posibles efectos son, por ejemplo, el asma, las alergias y la hipersensibilidad. Muchos de estos efectos pueden tardar meses o años en manifestarse tras la exposición, lo cual ha planteado un desafío importante a la hora de tratar de exigir la regulación de estas sustancias a los Estados como garantía de protección a los Derechos Humanos.

Por otro lado, la falta de normas armonizadas también hace que en muchos casos, aquellos alimentos producto de cultivos no permitidos en países industrializados sean exportados a países en vía de desarrollo, sí, como nuestros países latinoamericanos. Situación que Helver calificó en su informe como una práctica reprochable, indicando que, “someter a personas de otros países a toxinas de las que se sabe que ocasionan graves daños a la salud o incluso la muerte constituye una violación clara de los derechos humanos”.

Ante el dilema, sí hay alternativas, sí hay soluciones viables…

Aunque alimentar ecológicamente a más de 7 billones de personas suena como ‘una idea romántica’ más que una posibilidad real, sí hay alternativas sustentables y América Latina sería una región clave para entender el cómo eliminar los pesticidas de nuestra alimentación. El trasfondo del asunto va más allá de mitificar el alimento orgánico, la verdadera solución está en las prácticas. Helver defiende que sin utilizar productos químicos tóxicos, o utilizando un mínimo de ellos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales, basado en un enfoque de derechos humanos, acompañado de una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles que tengan en cuenta los desafíos que plantean la escasez de recursos y el cambio climático.

En los años 90 el agrónomo y académico Miguel Altieri adoptó el término agroecología para describir los saberes campesinos milenarios y prácticas ecológicas en América Latina para la producción sostenible de alimentos. Desde entonces científicos y gobiernos de países industrializados han venido adelantando investigaciones e intercambios para documentar las prácticas de agricultura sostenible del Sur global. Por ejemplo, en Norteamérica, la científica Laura Legnick, sostiene que aprender y replicar los saberes campesinos del Sur, lograría que la producción de alimentos no sólo considerara prácticas más sanas, sino que además generaría ambientes resilientes frente al cambio climático. El Reino Unido por su parte, elevó su investigación a exploraciones satelitales en Perú y Colombia, las cuales buscan recolectar evidencia y contribuciones positivas que puedan soportar la producción sostenible de alimentos.

En el caso de Colombia, la respuesta siempre ha estado en los campesinos, aunque apropiarse de la agricultura sostenible en el país es menos poético en la práctica que en la academia. Los Agredo Campos, una familia campesina de Buenavista (Quindío), por tres generaciones han sido guardianes de los saberes agroecológicos de su vereda, para ellos la protección de ecosistemas mediante la producción de alimento limpio de plaguicidas, es la manera más sana de asegurar que su casa podrá seguir siendo un lugar de vida digna para su familia. Sin embargo, lagunas legales, débiles políticas alimentarias regionales y la protección estatal del agronegocio sobre la economía familiar campesina, han dejado a los Agredo Campos sin vecinos, rodeados por monocultivos de café y plátano, los cuales a menudo son rociados con plaguicidas tóxicos que les genera constantes afectaciones a su bienestar, y al entorno que ellos mismos pertenecen, esto sin hablar del constante dilema económico en el que viven para mantenerse como familia campesina en una realidad adversa que no les reconoce.

A manera de conclusión, hay que reconocer que, si bien el informe de la Relatora Especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas sirve como faro para empoderarnos sobre el derecho humano a una alimentación adecuada, también sabemos que organismos internacionales (como las relatorías especiales) actúan como consejeras de los Estados, no como una autoridad ‘salvadora’ con poder de decisión. Este informe es una herramienta para acercarnos más a la solución, que nunca ha estado afuera, y que está en todos los involucrados con la cuchara, en todos los que comemos, producimos, pensamos, planeamos y decidimos sobre el alimento a nivel individual, familiar, académico, regional y nacional. Podemos empezar a preguntar a los responsables de las decisiones sobre nuestra cuchara cosas como: ¿Qué procedimientos se siguieron para verificar que las 60 mil toneladas de maíz que llegaron en abril a Colombia desde Estados Unidos fueran saludables para el consumo humano?, o tal vez, si fortalecer la agricultura familiar nos provee alimentación más sostenible y saludable ¿Por qué estamos invirtiendo en importar 60 mil toneladas de un cultivo que producimos localmente? O precisamente frente a pesticidas, la eterna pregunta ¿Por qué seguir fumigando los campos colombianos con un pesticida como el glifosato?

Por: Ana María Narváez

Investigadora en innovación de sistemas alimentarios sostenibles en Colombia (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos, ILSA) y Reino Unido (The Calthorpe Project & Mrs. Pepys' Pies Project). Abogada y candidata a Master en Ciencias Políticas de la Alimentación en City, University of London. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Twitter: @_amarela_

Referencias:

Altieri, M.A. 1994. Biodiversity and pest management in agroecosystems. Hayworth Press, New York Evaluación Internacional de la Ciencia y la Tecnología Agrícolas para el Desarrollo, Agriculture at a Crossroads: Synthesis Report (Washington D.C., 2009).

Lengnick, L., (2014). Resilient agriculture: cultivating food systems for a changing climate. Canada: New Society Publishers.

Por: Gonzalo Galindo Delgado[1]

La Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente democráticamente electo de Venezuela ha despertado agrias reacciones de los opositores nacionales e internacionales al gobierno venezolano. Donald Trump amenazó a Venezuela con sanciones económicas en caso de llevarla a cabo y cumplió[2], Juan Manuel Santos pidió su desmonte y sentenció que no reconocería sus resultados[3], Álvaro Uribe acompañó a la oposición en sus súplicas a las Fuerzas Armadas de Venezuela para desenfundar las armas y ejecutar un golpe de Estado[4], los medios de comunicación, ni hablar... es difícil pensar en cualquier otra votación en la historia reciente que haya concitado una reacción tan feroz y tan bien articulada, en lo temporal, en lo narrativo y en lo político. Ni siquiera actos flagrantemente antidemocráticos como, por ejemplo, el golpe de Estado que la clase política corrupta brasileña dio a Dilma Rousseff han generado semejante reacción.

Venezuela vive uno de los momentos más críticos de su historia. Acompaño crítica y solidariamente la Revolución bolivariana desde el inicio. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas son indiscutibles. Para comprobarlo basta consultar el informe de la ONU de 2016 sobre la evolución del índice de desarrollo humano. Dice este informe: “El índice de desarrollo humano (IDH) de Venezuela en 2015 fue de 0.767 –lo que colocó al país en la categoría de alto desarrollo humano–, posicionándolo en el puesto 71º de entre 188 países y territorios. Tal clasificación es compartida con Turquía. De 1990 a 2015, el IDH de Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento de 20,9 %. Entre 1990 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó a 4,6 años, el período medio de escolaridad ascendió a 4,8 años y los años de escolaridad media general aumentaron 3,8 años. El rendimiento nacional bruto (RNB) per cápita aumentó cerca de 5,4% entre 1990 y 2015”. Se hace notar que estos progresos fueron obtenidos en democracia, solo momentáneamente interrumpida por la tentativa de golpe de Estado en 2002 protagonizada por la oposición con el apoyo activo de Estados Unidos.

El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, junto con 23 organizaciones de la región, participó del intercambio de experiencias sobre empoderamiento legal, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 19 al 14 de junio; en el cual decidimos conformar la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico.

Para materializar los principios y compromisos que nos unen y expresar nuestras exhortaciones a quienes pueden hacer que la justicia sea una realidad para todas y todos, hemos firmado la “Declaración de Villa Inflamable por el Acceso a la Justicia para todas/os y el Empoderamiento Jurídico” (Para sumarse a la declaración, escriban a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)



Para acceder al documento completo haga click en el siguiente enlace:

“Declaración de Villa Inflamable por el Acceso a la Justicia para todas/os y el Empoderamiento Jurídico”

Hace algunas semanas, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, expresó que “el Estado somos todos”. Dicha afirmación es generalmente aceptada en el mundo jurídico y proviene de las típicas definiciones de manual de Derecho Constitucional según las cuales el Estado es la suma de población, territorio y autoridad soberana. A esta se agrega la referencia al contrato social originario según la cual el Estado es una creación artificial de la población vía un pacto entre sujetos libres. El fundamento del carácter extendido de lo estatal en cuanto todos somos el Estado es el producto de la simplista aproximación de afirmaciones como las anteriores y, en particular, de aquella que define el todo por uno de sus elementos. En efecto, si la población forma parte del Estado y crea al Estado, pues, en consecuencia, el “Estado somos todos”.

Carta abierta dirigida a las delegaciones de los Estados miembro de la OEA


Respetados(as) Representantes,

La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y sus XXX organizaciones miembro en las Américas aquí firmantes, queremos expresar nuestro apoyo a la propuesta a ser debatida en la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA que será llevada a cabo del 19 al 21 de junio de este año en Cancún, México, que prevé multiplicar el presupuesto destinado por parte de esta organización al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las reacciones a la declaración de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de los literales h) y j) del Acto Legislativo 01 del 2016 han tomado, fundamentalmente, dos orientaciones: la primera apunta a indicar las dificultades que podrían afrontar en el Legislativo los desarrollos normativos del Acuerdo Final —básicamente, lentitud y trabas con la aprobación del articulado—, aunque se afirma que se puede estar en un escenario que permita ganar mayor legitimidad democrática de lo acordado. Y la segunda señala que el fallo de la corporación, además de configurar un incumplimiento del Estado de lo pactado con las Farc, es un golpe al proceso y una muestra de la reciente “configuración de mayoría retardataria y retrógrada” en la Corte. Las orientaciones del debate coinciden en algo que suele ocultarse: la inescindible relación entre lo jurídico y lo político.

Los presupuestos participativos se han convertido en un tema de creciente interés en Colombia por varias razones: a) porque a pesar de que existe una experiencia acumulada de dos décadas en su realización en ciudades y municipios importantes del país, en la Ley 1757 de 2015, estatutaria de la participación, se incorporó una norma de carácter general que consagra al prepuesto participativo como una obligación para las entidades territoriales; b) porque con tal consagración, el presupuesto participativo se erigió en un derecho ciudadano exigible, contenido básico del derecho fundamental de participación política y control ciudadano del ejercicio del poder (artículo 40 de la Constitución); y c) porque el presupuesto participativo puede ser una herramienta muy valiosa para la reparación de las comunidades víctimas del conflicto armado, o como una política de acción afirmativa para sectores sociales en situación de exclusión o discriminación.


Cuando observamos el pasado con los ojos del presente, nos encontramos ante cementerios inmensos de futuros abandonados, luchas que abrieron nuevas posibilidades, pero que fueron neutralizadas, silenciadas o desvirtuadas, futuros asesinados al nacer o incluso antes, contingencias que decidieron la opción vencedora, atribuida después al sentido de la historia. En estos cementerios, los futuros abandonados son también cuerpos sepultados, a menudo cuerpos que apostaron por futuros equivocados o inútiles. Los veneramos o execramos en función de si el futuro que quisieron coincide o no con el que queremos para nosotros. Por eso lloramos a los muertos, pero nunca a los mismos muertos. Para que no se piense que los ejemplos recientes se reducen a terroristas suicidas, mártires para unos, terroristas para otros, en 2014 hubo dos celebraciones del asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo, y que condujo a la Primera Guerra Mundial. En un barrio de la ciudad, bosnios croatas y musulmanes rindieron homenaje al monarca y a su esposa, mientras que en otro, serbobosnios hicieron lo propio con Gavrilo Princip, que los asesinó, e incluso le hicieron una estatua.

Comúnmente, se ha entendido a la sociología jurídica como una “ciencia auxiliar del Derecho”, que estudia las relaciones entre el Derecho y la sociedad, y a quien la practica o ejerce, como un observador acrítico y objetivo, en tanto se limita a describir “hechos” del Derecho. Frente a esta lectura se han levantado construcciones discursivas, así como reflexiones y análisis, que apuntan a la construcción de otra sociología jurídica.

Desde Latinoamérica, se han realizado elaboraciones teóricas sobre lo que debe ser la construcción de esa otra sociología jurídica que difiera de aquella que es promovida desde el discurso jurídico y sociológico convencional. Entre estas, se destacan las elaboraciones orientadas por la noción de alternatividad que en Brasil se construyeron en las décadas de 1980 y 1990 de la mano del Derecho Alternativo, de “O Direito Achado na Rua” y en diálogo -cuando no influenciadas- de la producción de Boaventura de Sousa Santos. Acá se destacan los trabajos de Roberto Lyra Filho, José Eduardo Faria, Celso Fernandes Campilongo, José Geraldo de Sousa Junior, Antonio Carlos Wolkmer y de Edmundo L. de Arruda Jr. Este último ubicó sus reflexiones en la periferia del capitalismo, planteando una sociología jurídica alternativa, que toma posición crítica a partir de la teoría del conflicto y con el marxismo como fuente de inspiración primaria.

Germán Burgos Silva - Profesor Universidad Nacional - Investigador Asociado Colciencias y del ILSA

En el contexto de las luchas entre el rey y el parlamento, se ubica el surgimiento moderno de la expresión “la voz del pueblo es expresión de la de Dios”. La misma correspondía a la que por aquellos momentos era la inevitable legitimación divina del poder, de forma tal que frente a la sustentación divina del monarca, se oponía ahora el enarbolar la idea de representación popular, pero en cuanto mandato divino. La inversión del sujeto soberano, pero en ambos casos por voluntad divina. Obviamente, en ambas situaciones, la idea del soberano se ve anulada en cuanto acepta que por encima de él estaría un ente superior, Dios, el cual tiende a considerarse omnisciente, omnipresente y todo poderoso, entre otros.

El pasado 4 de abril, organizaciones campesinas y defensoras de derechos Humanos del departamento del Meta, en compañía de organizaciones Nacionales e internacionales de Argentina, El salvador, México, y Guatemala, visitaron la Zona Veredal de Transición y Normalización "Mariana Páez", (ubicada en la vereda Buenavista del municipio de Mesetas, Meta), para valorar, en conjunto con las comunidades y organizaciones locales y las FARC - EP, el estado de avance y cumplimiento dela implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana en la zona y en los municipio cercanos. Este evento de acompañamiento y verificación de los Acuerdos, al que asistió ILSA y un grupo significativo de organizaciones nacionales y departamentales, también contó con la participación de las Madres de la Plaza de Mayo - Línea fundadora y la Organización H.I.J.O.S de la Regional de La Plata de Argentina, las cuales se encuentran en Colombia promoviendo la red latinoamericana sobre desapariciones forzadas. La siguiente es la declaración final del encuentro.

La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Instituto para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios PSPJ No. 2111 de 2014 MYR-005, presentamos la colección titulada La participación política de las comunidades rurales: Eje de construcción de los Nuevos Territorios de Paz. Esta colección hace parte de la estrategia de trabajo desarrollada para el fortalecimiento de organizaciones sociales por lo que contiene la siguiente información:

Módulo no. 1. La Ley 1448 de 2011 y la restitución de las tierras campesinas. Guía básica sobre el restablecimiento de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado en Colombia.