Milena González Piñeros

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar - Ecuador, Magíster en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento - Argentina, Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Colombia, y candidata al Doctorado en Ciencia Política de la Escuela de Política y Gobierno UNSAM - Argentina. Investigadora y docente invitada en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) - Barcelona, en el Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora -Argentina, en la Universidad de Cádiz -España, en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca -España, en la Universidad de los Andes -Colombia y en el programa BIARI de Brown University. Actualmente es docente e investigadora en la Maestría en Gobernabilidad y Democracia y en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás.
 En su producción académica se destacan libros como: Trayectorias de la propiedad en Bolivia (Bogotá: Universidad Distrital, 2015), Manual de Políticas Públicas CapacidaDESC (Bogotá: ILSA, 2007). Ha publicado varios artículos relacionados con los procesos constituyentes latinoamericanos, la propiedad privada como derecho.

Freddy Ordoñez

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, casa de estudios de la que es Magister en Derecho con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Investigador desde 2009 del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA. Integrante de Historia, Ambiente y Política, grupo de investigación categoría A1 de Colciencias y de Pensamiento Jurídico Crítico, grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, (2016-2019). Actualmente es docente de la Especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio ofertada por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Central (Bogotá) y de la Maestría en Estudios de Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Los Llanos (Villavicencio). Integrante del Comité Académico de la revista Huellas, editada por el Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa (Argentina). Columnista Online de Ámbito Jurídico. Editor de la revista El Otro Derecho 48. "Debates constitucionales en nuestra América. Enfoques y tendencias" y El Otro Derecho 49. "Nuevos diseños constitucionales en nuestra América". Autor de "La inclusión del campesinado en una nueva Constitución Política en Colombia". En: Rajland, B. y Benente, M. (coords.). El derecho y el Estado. Procesos políticos y constituyentes en nuestra América. Buenos Aires: Clacso, 2016. pp. 245-260.

Carta abierta dirigida a las delegaciones de los Estados miembro de la OEA

Carta abierta dirigida a las delegaciones de los Estados miembro de la OEA


Respetados(as) Representantes,

La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y sus XXX organizaciones miembro en las Américas aquí firmantes, queremos expresar nuestro apoyo a la propuesta a ser debatida en la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA que será llevada a cabo del 19 al 21 de junio de este año en Cancún, México, que prevé multiplicar el presupuesto destinado por parte de esta organización al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Presupuestos participativos para la paz

Los presupuestos participativos se han convertido en un tema de creciente interés en Colombia por varias razones: a) porque a pesar de que existe una experiencia acumulada de dos décadas en su realización en ciudades y municipios importantes del país, en la Ley 1757 de 2015, estatutaria de la participación, se incorporó una norma de carácter general que consagra al prepuesto participativo como una obligación para las entidades territoriales; b) porque con tal consagración, el presupuesto participativo se erigió en un derecho ciudadano exigible, contenido básico del derecho fundamental de participación política y control ciudadano del ejercicio del poder (artículo 40 de la Constitución); y c) porque el presupuesto participativo puede ser una herramienta muy valiosa para la reparación de las comunidades víctimas del conflicto armado, o como una política de acción afirmativa para sectores sociales en situación de exclusión o discriminación.