Mediante un oficio dirigido al Ministerio de Justicia y del Derecho el Centro de Pensamiento Amazonía (CEPAM) y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) dimos a conocer al Ministerio de Justicia y del Derecho algunos reparos al proyecto de decreto “Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”. Los primeros, orientados a señalar que la erradicación forzada y mediante el método de aspersión aérea no es efectiva en la solución a las drogas; los segundos, a que las tierras y territorios indígenas sean parte de las áreas excluidas de la ejecución del programa. También llamamos la atención sobre la necesidad de garantizar el derecho a la consulta previa, en tanto el proyecto de decreto, tal como está formulado, no excluye las tierras, territorios y resguardos indígenas, ni las tierras de propiedad colectiva de las comunidades negras. Así mismo, recordamos al Ministerio que la Honorable Corte Constitucional en las órdenes de la sentencia T-080 de 2017, exhorta al Gobierno “para que examine, de acuerdo a sus funciones legales y constitucionales, la posibilidad de reglamentar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante ley en la medida en que esta política tiene profundas implicaciones en los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del país”.